En los últimos tiempos se desató un abierto enfrentamiento entre el Gobierno y los emblemas distribuidores de combustibles. Las autoridades denuncian la existencia de un oligopolio y estos acusan al Gobierno de una persecución intestina que los lleva a perder mucho dinero.
Iniciamos una investigación al respecto para dilucidar estos temas.
Hemos encontrado que en microeconomía, un oligopolio (del griego oligo ‘pocos’ y polio ‘vendedor’) es un mercado dominado por un pequeño número de vendedores o prestadores de servicio (oligopólicos u oligopolistas).
Lo trascendente, por tanto, en el oligopolio es la falta de competencia real, lo cual afecta a los consumidores (demandantes de bienes o servicios).
Por medio de su posición, las empresas oligopólicas ejercen poder de mercado, provocando efectos negativos para los consumidores entre los que se cuentan: que los precios sean más altos, la producción sea inferior, bajos niveles de calidad o impidiendo el ingreso de nuevos oferentes.
Debido a la multiplicidad de productos en el sector hemos considerado el de más alta implicancia social para el análisis. El gasoil común.
Hemos considerado además un período referencial desde el 2008 hasta el 2015 de manera a entender el comportamiento del sector. Este análisis arrojó -conforme datos oficiales del MIC y de Petropar- que de un total de 40 distribuidoras y grandes empresas que compran diesel común, 6 de ellas concentran más del 75% del mercado, es decir es un mercado dominado por un pequeño número de vendedores.
En cuanto a si ejercen o no poder en el mercado, hemos revisado las normativas y encontramos que el 25 de febrero de 2008 se emitió el decreto 11879 y que estableció -sin ningún estudio técnico riguroso que lo justifique- un margen de ganancia para las empresas distribuidoras.
Es decir, sin importar si el Estado a través de Petropar ganaba o perdía, los privados se aseguraban un retorno de 13% sobre el precio de entrega en planta de Petropar.
En efecto en el 2008 y ya producto de la vigencia de este decreto, la petrolera estatal perdió casi 153 millones de US$, cifra muy similar a lo que los emblemas se embolsillaron como bonificación.
