Asunción, 18 jul (EFE). – La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) anunció este martes que denunciará al Estado paraguayo ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas por un presunto caso de tortura vinculado a un enfrentamiento en la localidad de Curuguaty, en el que fallecieron 11 campesinos y 6 policías en el año 2012.
El secretario ejecutivo de la Codehupy, Dante Leguizamón, indicó en una conferencia de prensa que acompañarán a Miguel Ángel Correa, quien fue detenido el 15 de junio de 2012 por la Policía Nacional.
Leguizamón explicó que Correa fue detenido «sin ningún tipo de elementos de prueba que certifiquen que haya estado en el lugar de la matanza».
El predio de Marina Kue, en el departamento de Canindeyú (este), fue escenario de un choque entre campesinos y Policías en medio de un desalojo de tierras, en lo que ha sido denominado como la masacre de Curuguaty, que desembocó en la destitución en un polémico juicio parlamentario del entonces presidente Fernando Lugo (2008-2012).
Correa, que trabajaba como técnico de campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, fue aprehendido por policías cuando se encontraba en un hospital de Curuguaty en busca de un presunto herido en el enfrentamiento.
Según el relato de Codehupy, Correa sufrió golpizas y simulacros de ejecución entre el 15 y el 16 de junio de 2012. Fue mantenido en prisión hasta el 18 de julio de ese año, imputado como supuesto partícipe de la masacre, aunque finalmente la Fiscalía pidió su sobreseimiento definitivo.
En su exposición, Leguizamón advirtió de que Correa «fue brutalmente torturado» y perdió su trabajo y sus estudios universitarios a causa de la detención.
En ese contexto, señaló que la denuncia ante las Naciones Unidas busca que el Estado paraguayo adopte distintos tipos de medidas para que se «avance en el desarrollo de políticas públicas».
«La primera intencionalidad de la Codehupy es que se desarrolle medida de no impunidad para que se investigue efectivamente el caso de Miguel Correa y se logre sancionar efectivamente a las personas que han cometido los hechos de tortura», afirmó.
También se buscan medidas de no repetición y la «reparación integral» frente a los daños sufridos por Correa.
La denuncia, agregó Codehupy en un comunicado, «busca responsabilizar al Estado por las torturas sufridas por Miguel Ángel, la falta de una investigación seria y eficaz, la impunidad de los autores, la falta de medidas de protección a la víctima y la falta de reparación por los daños sufridos». EFE