Buenos Aires, 12 ene (EFE).- El proceso judicial en Estados Unidos sobre la expropiación en 2012 de la petrolera YPF a Repsol entra en un momento «delicado», tras la autorización de la jueza que investiga el caso en Nueva York a embargar activos argentinos en el extranjero, según el Ejecutivo argentino.
La jueza Loretta Preska acusó el jueves a Argentina de intentar «evitar» el pago de 16.000 millones de dólares en forma de indemnizaciones.
«Somos respetuosos con los procesos judiciales, y ahora entramos en una etapa por supuesto sensible y de algún margen de confidencialidad», dijo en su rueda de prensa diaria en la Casa Rosada (sede del Gobierno) el portavoz presidencial del Ejecutivo argentino, Manuel Adorni.
El Gobierno que preside el ultraliberal Javier Milei desde el pasado 10 de diciembre ha preferido guardar silencio sobre el proceso judicial que se está librando en Estados Unidos desde hace más de ocho años.
El jueves, Preska falló a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park por los daños que la expropiación de YPF, efectuada durante el segundo mandato de Cristina Fernández (2007-2011 y 2011-2015), causó a los inversores minoritarios.
Preska rechazó el jueves el último intento de Argentina de retrasar la entrega de una garantía para evitar embargos, cuyo plazo vencía el pasado miércoles, y arremetió contra el Estado argentino por «retrasar y esquivar sus obligaciones con el fallo», pese a los «favores» del tribunal, que dijo comprender los problemas económicos del país.
Ahora, Argentina tendrá un nuevo plazo hasta el próximo 22 de febrero para presentar sus argumentos contra el fallo.
En una entrevista publicada en diciembre, Milei anunció que el Gobierno está trabajando en la creación de un impuesto extraordinario para pagar los 16.000 millones de dólares.
El mandatario lo bautizó como «tasa Kicillof», haciendo referencia al apellido del peronista Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía durante la controvertida expropiación de la petrolera. EFE
