El contralor general de la República, Camilo Benítez, anunció este viernes en conferencia de prensa que solicitó formalmente al Ministerio del Interior la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por “graves irregularidades en las gestiones administrativas”.
Benítez señaló que ambos municipios presentan inconsistencias en la ejecución presupuestaria, omisiones en la administración de recursos y reiterados incumplimientos en los procesos de contratación. El pedido oficial ya fue remitido al Ministerio del Interior, que ahora tiene un plazo de seis días hábiles para trasladar los antecedentes a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 3 de la Ley 317.
Asunción: bonos millonarios bajo la lupa
La Contraloría detectó serias irregularidades en la gestión del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-Honor Colorado), especialmente en el manejo presupuestario entre los años 2021 y 2024. Se cuestionan, entre otros puntos, la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones en 2022, destinado a obras de desagüe pluvial, y del bono G9 por G. 195.000 millones en 2023, que sirvió para cubrir deudas de administraciones anteriores.
Ciudad del Este: falencias que ponen en riesgo el patrimonio comunal
En el caso de la administración de Miguel Prieto, actual intendente de Ciudad del Este y figura opositora, la Contraloría identificó “serias falencias en la ejecución del presupuesto municipal”, lo cual —según el informe— pone en riesgo el patrimonio de la comuna y dificulta los controles internos. Uno de los documentos cuestionados corresponde a la transferencia de fondos a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en el marco del programa “Navidad Sustentable 2023”.
226 denuncias sin seguimiento, advierte el contralor
Durante la conferencia, Benítez lamentó que más de 226 reportes, denuncias y comunicaciones remitidas al Ministerio Público desde su gestión no hayan tenido el debido seguimiento. “Es preciso y urgente hallar soluciones necesarias para desnudar las inconductas de los administradores de la cosa pública”, sentenció.
Ahora, la pelota está en la cancha del Poder Legislativo: una vez recibidos los antecedentes, la Cámara de Diputados debe conformar una comisión especial de investigación, que tendrá 15 días hábiles para expedirse sobre el pedido de intervención.
