Preocupación del sector privado ante posibles impactos sobre la libre competencia, la seguridad jurídica y la inversión.
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) expresó públicamente su preocupación ante el inminente tratamiento legislativo del Proyecto de Ley que regula el Sistema Nacional de Pagos, cuya discusión está agendada para el martes 24 de junio en la Cámara de Diputados.
Desde la CAP se advierte que la aprobación de esta normativa, en su forma actual, podría tener consecuencias significativas para la economía nacional, afectando directamente a las empresas y a todo el ecosistema de pagos del país. En un comunicado emitido el 23 de junio de 2025, la entidad sostiene que el proceso legislativo avanza con celeridad excesiva y sin una socialización técnica adecuada con todos los actores del sector privado que serían impactados por la nueva ley.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la incorporación del artículo 4, especialmente los incisos e) y q), los cuales —según la CAP— otorgan un margen excesivo de discrecionalidad al Banco Central del Paraguay (BCP) como órgano regulador. Esta redacción podría derivar en medidas desproporcionadas, generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión privada y atentar contra principios constitucionales como la igualdad ante la ley.
“Advertimos del impacto que esto puede significar en la economía nacional, en la estructura de las empresas y en todo el ecosistema de pagos con efectos sistémicos para el país”, sostiene el pronunciamiento oficial.
Si bien la CAP manifiesta su apoyo a la necesidad de contar con un marco normativo que regule el Sistema Nacional de Pagos, considera que el mismo debe construirse sobre principios de transparencia, previsibilidad y equidad, garantizando reglas claras para todos los actores involucrados.
Por ello, la entidad empresarial solicita la postergación inmediata del tratamiento del proyecto de ley y la apertura de un proceso de diálogo técnico multisectorial, que permita analizar en profundidad las implicancias de la normativa y construir consensos sólidos que impulsen el desarrollo económico y fortalezcan la institucionalidad democrática.
