En el marco de la presentación del Informe de Economía Subterránea 2024, la organización PRODesarrollo convocó a periodistas para profundizar el debate sobre la informalidad y sus implicancias estructurales para el desarrollo económico del Paraguay.
El análisis giró en torno a la institucionalidad, la competitividad, la inversión, la seguridad jurídica y el impacto social de una economía que aún mantiene altos niveles de informalidad.
Según el informe, la economía subterránea representó en el año 2024 un 35,1% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a US$ 15.777 millones. Aunque se observa una leve reducción respecto al año 2008 —cuando alcanzaba el 37,6% del PIB—, la baja de 2,5 puntos porcentuales en 15 años evidencia que se trata de un problema estructural persistente, cuya magnitud representa un freno tangible al desarrollo sostenible y equitativo del país.
La informalidad como obstáculo al crecimiento
Durante el encuentro, Hugo Royg, socio de Mentu y miembro del equipo técnico de PRODesarrollo, expuso que la economía informal actúa como un “ancla” que impide el despegue económico. Afirmó que este fenómeno impone trabas al funcionamiento eficiente del mercado y genera distorsiones que perjudican tanto a la competitividad como a la calidad de vida de la población.
“Tres elementos nos motivan a impulsar esta conversación desde PRODesarrollo: el ancla al desarrollo, las restricciones a la competencia y la vida no digna que enfrentan muchos paraguayos. Nuestra meta es generar consciencia y mejorar la calidad de las políticas públicas”, afirmó Royg.
Por su parte, Jorge Garicoche, gerente de Economía de Mentu y también miembro del equipo técnico de PRODesarrollo, subrayó que la reducción de la economía subterránea aumentaría significativamente la probabilidad de que Paraguay logre un crecimiento sostenido.
Si bien el país ha mantenido un crecimiento económico continuo, los ingresos de la población permanecen en niveles medios. “Ahí aparece la teoría de la trampa del ingreso medio: cruzar al nivel de ingreso alto no es fácil”, explicó.
Uno de los factores centrales señalados fue la capacidad de ahorro. “Si 7 de cada 10 personas están en situación de informalidad laboral, no existe capacidad de ahorro suficiente para sostener la inversión que requiere el desarrollo”, advirtió Garicoche. Esta limitación condiciona la atracción de capitales y restringe la expansión de sectores clave.
Inversión, reglas claras y formalización
El debate también abordó la relación directa entre la informalidad y la inversión extranjera directa (IED). Garicoche explicó que los inversores demandan no solo marcos regulatorios estables, sino también prácticas de mercado transparentes. “Las reglas claras no son solo leyes escritas. También implican condiciones equitativas para competir. Un inversor debe tener la certeza de que, si otro actor ofrece un precio más bajo, lo hace por ser más eficiente y no por operar al margen del sistema”, señaló.
Desde esta óptica, la informalidad no solo afecta a la recaudación fiscal o a la cobertura de servicios públicos: también erosiona la confianza y aumenta el riesgo país, factores que inciden directamente sobre la toma de decisiones de inversión.
“Si realmente queremos duplicar nuestro PIB en la próxima década, ¿cómo conseguimos esa inversión que empuje nuestro crecimiento? Para eso, hay que combatir la economía subterránea”, enfatizó Garicoche.
La economía subterránea como agenda empresarial
El presidente de PRODesarrollo y director de Asuntos Corporativos de Cervepar, Hugo Alonso, destacó el rol del sector privado en visibilizar esta problemática. Recordó que la organización nació hace más de una década, impulsada por un grupo de empresas preocupadas por los altos niveles de informalidad y sus efectos en la competitividad.
“Cuando la economía subterránea crece, no solo enfrentamos condiciones de competencia desiguales para las empresas formales, sino también un déficit en servicios públicos que limita el ejercicio de derechos por parte de la ciudadanía”, apuntó Alonso.
En la misma línea, Patricia Torrents, vicepresidenta de PRODesarrollo y directora de Tecnología y Operaciones de Banco Itaú, resaltó la importancia de contar con información objetiva y verificable. “Todos podemos tener percepciones, pero los datos permiten sostener una conversación seria y orientada a soluciones. El informe busca ser una plataforma para que las acciones surjan no solo desde el Estado, sino también desde las empresas y la ciudadanía”, sostuvo.
¿Cuál es mi rol frente a la informalidad?
La reflexión final que deja el informe apunta a la corresponsabilidad colectiva. “Una pregunta que queremos dejar es: ¿cómo estoy ayudando —o no ayudando— a disminuir la informalidad?”, planteó Torrents. El mensaje de PRODesarrollo es claro: sin diálogo amplio y sin acción conjunta, el problema estructural de la economía subterránea continuará limitando las oportunidades de desarrollo del país.
