En la foto: César Paredes, director titular de la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy).
Desde una mejor identificación de accionistas hasta mayor respaldo legal en las operaciones bursátiles, la nueva Ley del Mercado de Valores introduce una serie de transformaciones que fortalecen la transparencia y la seguridad jurídica del mercado de capitales del Paraguay.
Entre las principales innovaciones se destacan la obligatoriedad de las acciones electrónicas para las sociedades que cotizan en bolsa y la validez legal de la anotación en cuenta, dos herramientas que consolidan la digitalización del sistema financiero y amplían la protección de emisores e inversionistas.
Cavapy asume un rol central en la nueva arquitectura del mercado
Durante el foro “Nueva Ley del Mercado de Valores: fundamentos para una nueva arquitectura jurídico-financiera”, organizado por estudiantes de la Universidad Católica, César Paredes, director titular de la Caja de Valores del Paraguay (Cavapy), analizó los principales cambios que trae la legislación recientemente sancionada por el Congreso Nacional y que aguarda su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
“La ley ofrece múltiples herramientas y está muy bien orientada a centralizar los procesos de custodia y liquidación”, señaló Paredes, subrayando que ambas funciones, antes concentradas en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), pasan ahora a formar parte de las responsabilidades de Cavapy, en línea con las tendencias internacionales del mercado financiero.
Acciones electrónicas y mayor trazabilidad de la propiedad
Uno de los ejes más relevantes de la nueva normativa es la obligatoriedad de las acciones escriturales —no representadas en papel— para todas las sociedades que cotizan en bolsa.
Esto permitirá a la Superintendencia de Valores, a través de Cavapy, realizar un control más preciso de la propiedad accionaria, las participaciones y los movimientos de las empresas emisoras.
“La anotación en cuenta pasa a tener mayor validez legal, ya no solo por resolución, sino por ley. Eso otorga fuerza jurídica a los documentos que expide Cavapy y permite que todo lo custodiado se transforme en un título negociable”, destacó el director.
Innovaciones para un mercado más ágil y seguro
En la práctica, estos cambios reducen riesgos asociados a los pagos de obligaciones y mejoran la trazabilidad de los títulos.
Paredes explicó que Cavapy será el órgano de custodia y registro: “La anotación en cuenta significa que Cavapy puede certificar que un título pertenece a una persona determinada. Es una garantía de propiedad y seguridad.”
Entre los servicios que ofrece la entidad, se encuentra la custodia de títulos físicos como acciones, pagarés y certificados de depósito de ahorro (CDA), que ahora pasan a estar disponibles de forma electrónica mediante la plataforma tecnológica Montran.
Además, la nueva ley incorpora la figura del endoso en custodia, que permite transferir documentos endosados electrónicamente, sin necesidad de sucesivos endosos físicos. “Se entrega el documento a Cavapy, y desde ahí puede transferirse digitalmente. Es un paso clave hacia un mercado más ágil, seguro y moderno”, añadió Paredes.
Una ley moderna con respaldo técnico internacional
El proyecto de ley “Mercado de Valores y Productos” fue sancionado el 14 de octubre de 2025 con el objetivo de modernizar y unificar el marco regulatorio que hasta ahora se encontraba disperso en siete leyes distintas.
La autoridad de aplicación será el Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Valores. El texto fue elaborado con el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo Monetario Internacional (FMI), tras un amplio proceso de consulta con el BCP, el Ministerio de Economía y Finanzas, Cavapy y la BVA.
Entre las reformas más destacadas se incluyen:
- Régimen de salvaguardas preventivas y mayor control sobre conflictos de interés.
- Supervisión más estricta de auditores externos y sanciones más claras.
- Tipificación del uso indebido de términos reservados como “bolsa” o “casa de bolsa”.
- Acciones digitales obligatorias y posibilidad de asambleas por medios telemáticos.
