El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la Administración Central ejecutó G. 54 billones (US$ 7.134 millones) hasta octubre de 2025, manteniendo una tendencia descendente respecto a los últimos años.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó el Informe de Indicadores Financieros correspondiente a octubre de 2025, en el que se señala que la ejecución financiera de la Administración Central alcanzó G. 54 billones (US$ 7.134,3 millones), lo que equivale al 68,4% del presupuesto vigente, estimado en G. 78,9 billones (US$ 10.424 millones).
El dato confirma una tendencia de desaceleración en la ejecución del gasto público. En 2023, durante los primeros meses de la gestión del presidente Santiago Peña, la ejecución a octubre había llegado al 71,2%, mientras que en el mismo periodo de 2024 se ubicó en 70,1%.
Del total ejecutado este año, G. 45 billones (US$ 5.945 millones), equivalentes al 83%, fueron utilizados por seis entidades públicas que concentran los mayores desembolsos del Presupuesto General de la Nación (PGN).
El MEF encabeza la lista con G. 19,3 billones (US$ 2.549,8 millones), lo que representa el 35,7% del total ejecutado. De ese monto, G. 14,3 billones (US$ 1.889 millones) corresponden a pagos de la Caja Fiscal, destinados a jubilaciones, pensiones y servicio de deuda pública.
Le siguen el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con G. 8,6 billones (US$ 1.136 millones), de los cuales el 65% se destinó a servicios educativos básicos, medios y formación de adultos; y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que ejecutó G. 6,5 billones (US$ 858,7 millones), principalmente en servicios de diagnóstico, atención médica especializada y programas materno-infantiles.
Completan la lista de mayores ejecutores el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior, este último con un fuerte componente salarial para el personal policial.
A dos meses del cierre del ejercicio fiscal, los datos del MEF reflejan una ejecución presupuestaria más lenta que en años anteriores, lo que plantea el desafío de acelerar la gestión del gasto público para garantizar el cumplimiento de las metas y compromisos financieros del Estado.
