La empresa tecnológica cuestiona lo que considera una campaña de desinformación y sostiene que el conflicto con Banco Atlas se origina en el uso indebido de su software. La firma asegura que la justicia actuó con equilibrio y que el freno a la fusión con Banco Familiar fue responsabilidad del propio Atlas.
En un escenario marcado por señalamientos cruzados y una fuerte batalla mediática, la empresa itti difundió un comunicado dirigido a la opinión pública para contrarrestar, según afirma, una campaña de desinformación impulsada por el diario ABC Color en torno al conflicto que mantiene con Banco Atlas por el uso del software ITGF, considerado el núcleo tecnológico de sus operaciones.
El medio atribuyó al juez Juan Francisco Blanco Bogado la paralización de la fusión entre Banco Atlas y Banco Familiar, insinuando colusión y un entramado judicial para favorecer a itti. Sin embargo, la empresa sostiene que estos señalamientos son falsos y ocultan el trasfondo real del caso: la violación de derechos de propiedad intelectual.
El origen del conflicto: un activo tecnológico en disputa
De acuerdo con itti, el problema no deriva de un desacuerdo comercial aislado, sino de un “uso abusivo e indebido” del software ITGF por parte de Banco Atlas. La firma asegura que la entidad financiera operó el sistema fuera de los permisos otorgados, lo que motivó acciones arbitrales, civiles y penales destinadas a frenar lo que califica como “manoseo de un activo tecnológico ajeno”.
itti afirma que este software, desarrollado por la propia empresa, constituye un recurso estratégico y protegido por la legislación vigente, cuyo respeto resulta indispensable para un ecosistema tecnológico confiable y moderno.
“La fusión no fue frenada por itti ni por los jueces, sino por el propio Banco Atlas”
Uno de los puntos más contundentes del comunicado sostiene que ni la empresa tecnológica ni el Poder Judicial detuvieron la fusión con Banco Familiar. itti asegura que fue el propio Banco Atlas quien bloqueó la operación al intentar incorporar a su patrimonio un software que no le pertenece, ignorando advertencias formales y disposiciones contractuales.
La resolución del juez Blanco, argumenta la empresa, fue estrictamente técnica: ordenó a Atlas dejar de usar y copiar el software ITGF, evitando que se lo incluyera como activo dentro de una operación societaria sin la autorización del propietario legítimo. “Eso no es corrupción, eso es aplicar la ley”, remarca el comunicado.
Justicia en la mira: entre acusaciones y transparencia
itti cuestiona duramente el relato construido por ABC Color, que habla de “acoso judicial”, “celeridad sospechosa” y supuesta connivencia. La empresa niega categóricamente estas afirmaciones y sostiene que todos los jueces intervinientes actuaron para preservar el statu quo mientras el conflicto se resuelve en su fondo, evitando ventajas irreversibles para cualquiera de las partes.
Además, señala una contradicción en las críticas del medio: reclamar por un lado mayor eficiencia en el sistema judicial y, por otro, sugerir corrupción cuando un caso avanza con rapidez.
Uno de los aspectos más políticos del comunicado apunta directamente a la postura editorial de ABC Color, al que itti acusa de defender selectivamente el principio de propiedad privada. Según la empresa, el medio minimiza la protección del derecho intelectual cuando se trata de un activo tecnológico ajeno a sus intereses, poniendo en riesgo la construcción de una industria tecnológica propia y robusta en Paraguay.
Conciliación, confrontación y el país que está en disputa
Finalmente, itti asegura que siempre buscó una vía conciliadora y que fue Banco Atlas quien acudió primero al Poder Judicial, obligando a la empresa a responder legalmente. Para itti, este caso va más allá de un litigio puntual: representa un punto de inflexión para definir “qué modelo de país queremos ser”.
El comunicado concluye planteando una dicotomía entre un Paraguay que respeta la innovación, la ley y la propiedad intelectual, y otro que, según afirman, pretende apropiarse de la creación ajena mediante presión mediática o abuso de poder. El desenlace del conflicto, sostienen, no solo establecerá responsabilidades jurídicas, sino también qué valores regirán el futuro del país.
