Asunción, 23 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, promulgó este martes una nueva ley de arbitraje que permite a los organismos del Estado someter sus contratos con empresas privadas a este mecanismo de resolución de conflictos, en una reforma clave para dar mayor previsibilidad jurídica, descongestionar los tribunales y reforzar la confianza de los inversionistas.
La norma sustituye a la ley vigente desde 2002 y se aplica al arbitraje privado, nacional e internacional cuando la sede del proceso esté en Paraguay, además de aclarar en qué casos el Estado puede recurrir a este mecanismo, un punto que había generado incertidumbre jurídica durante más de dos décadas, según explicó el Gobierno.
«Esta normativa es un paso decisivo en la modernización de nuestro marco legal», indicó Peña en la red social X, al destacar que la ley establece «reglas claras y ágiles para la resolución de conflictos».
El mandatario afirmó que para sostener el crecimiento de la economía del país y «honrar el grado de inversión», una calificación crediticia otorgada a Paraguay por las agencias Standard & Poor’s y Moody’s, se necesita «brindar garantías y previsibilidad».
«Esta ley asegura que Paraguay sea un destino confiable para las inversiones que generan desarrollo y empleo digno», dijo el presidente.
Destacó, además, que «al establecer reglas claras y ágiles para la resolución de conflictos» se logra la «descongestión de los tribunales», con el objetivo que el Poder Judicial «se enfoque en las causas ciudadanas».
Según la ley, los organismos y entidades del Estado, como las municipalidades, sociedades anónimas con participación estatal y las entidades binacionales «podrán someter a arbitraje sus contratos y diferencias con particulares, salvo que la cuestión se rija exclusivamente por el derecho público».
El asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, dijo a periodistas que «uno de los problemas principales que tenía la ley anterior» era una «zona gris» que no dejaba claro en qué casos «el Estado puede o no ir a arbitrar».
En ese sentido, explicó que una disputa «puede ser sometida a arbitraje», cuando exista un conflicto «puramente contractual» entre instituciones públicas y algún proveedor privado.
«La idea es dar la mayor claridad y transparencia posible y otorgar esta herramienta al Estado», aseguró.
Asimismo, esta norma establece «reglas muy claras de competencia del Poder Judicial» sobre cuándo puede o no «intervenir para coadyuvar o auxiliar a los árbitros», refirió el asesor.
La Presidencia de Paraguay indicó en un comunicado que la norma limita la intervención judicial «únicamente a los casos expresamente previstos, como la adopción de medidas cautelares, la ejecución de laudos o su eventual anulación», algo que reforzará «la autonomía del tribunal arbitral».
Moreno destacó que la norma fue construida durante dos años y está respaldada en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi). EFE
