El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto clave para garantizar la sostenibilidad previsional.
La iniciativa busca reducir el déficit, fortalecer las finanzas públicas y mejorar el clima de inversión.
El Poder Ejecutivo presentó ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional el Proyecto de Ley que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, conocida como Reforma de la Caja Fiscal, como parte de una agenda integral de reformas estructurales orientadas a fortalecer la estabilidad económica del país.
El anuncio fue realizado por el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, tras una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, en Mburuvicha Róga. Según explicó el ministro, el objetivo central es ordenar un sistema previsional con déficit creciente, asegurar su sostenibilidad en el mediano y largo plazo y preservar recursos públicos clave para el desarrollo y la inversión.
Actualmente, el déficit de la Caja Fiscal supera los US$ 300 millones a noviembre de este año, mientras que entre 2014 y 2024 el rojo acumulado alcanzó aproximadamente US$ 1.162 millones. De ese total, US$ 748 millones correspondieron a las Fuerzas Públicas, financiados con recursos del Tesoro, y US$ 414 millones al Magisterio Nacional, cubiertos mediante excedentes del Programa Contributivo Civil.
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas señalaron que una de las principales causas del desequilibrio es la heterogeneidad normativa entre los distintos regímenes previsionales, que permite retiros anticipados en sectores donde no existe edad mínima de jubilación, ampliando los años de pago de beneficios y presionando las finanzas públicas.
En este contexto, el proyecto incorpora una edad mínima de retiro para sectores como el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, alineando el sistema con criterios demográficos y financieros sostenibles. La propuesta busca desalentar jubilaciones tempranas, promover una mayor permanencia en actividad y reducir el déficit estructural.
Asimismo, se ajusta la tasa de aporte obrero-patronal al 22%, con un esquema de 19% a cargo del trabajador y 3% del Estado como empleador, fortaleciendo el financiamiento del sistema. El proyecto también introduce reglas más equitativas para el cálculo de los haberes, basadas en el promedio de remuneraciones de los últimos cinco años, reforzando la relación entre aportes y beneficios.
Desde una perspectiva económica, la reforma apunta a ordenar las cuentas públicas, liberar presión sobre el Tesoro y mejorar la previsibilidad fiscal, un factor clave para la confianza de los inversores. En un escenario donde la estabilidad macroeconómica es determinante para atraer capitales, fortalecer el sistema previsional se presenta como un paso necesario para consolidar a Paraguay como un destino competitivo para la inversión y el desarrollo sostenible.
