La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) avanza en la digitalización de las contrataciones públicas. La medida fortalece la transparencia y mejora el clima para la inversión.
A partir del 2 de enero de 2026, todos los proveedores, consultores y contratistas del Estado deberán emitir facturas electrónicas por los contratos que suscriban con organismos y entidades públicas. Así lo dispuso la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) mediante la Resolución General N.° 41/2025, en el marco del proceso de incorporación obligatoria al Sistema Integrado de Facturación Electrónica (Sifen).
La obligación alcanza a los contribuyentes comprendidos en el artículo 2° de la Ley N.° 7021/2022 y busca consolidar un esquema más moderno, transparente y eficiente en las contrataciones públicas, fortaleciendo la trazabilidad de las operaciones y la correcta gestión de los recursos del Estado.
Desde la DNIT destacan que la implementación de la facturación electrónica permitirá reducir riesgos, mejorar los controles y brindar mayor previsibilidad a las empresas que operan con el sector público, un factor clave para la confianza y la inversión, especialmente en proyectos de mediano y largo plazo.
La resolución aclara que la medida no será aplicable a los contratos de prestación de servicios personales regulados por las leyes de la función pública, los cuales no generan la obligación de adhesión al Sifen.
Los contribuyentes alcanzados deberán completar el proceso de habilitación como Facturadores Electrónicos y emitir los Documentos Tributarios conforme al Decreto N.° 872/2023, sus normas reglamentarias y la documentación técnica vigente. Además, una vez incorporados al sistema, deberán mantener su condición de facturadores electrónicos, aun cuando dejen de operar como proveedores del Estado.
Con esta disposición, el país da un nuevo paso hacia la digitalización del Estado, alineando los procesos de compras públicas con estándares tecnológicos que favorecen la competitividad, la formalización y un entorno más atractivo para la inversión privada.
