La nueva ley redefine la planificación, regulación y fiscalización del transporte público y lo declara, por primera vez, un servicio imprescindible y garantizado por el Estado.
Integración tarifaria, billetaje electrónico y corredores metropolitanos apuntan a reducir costos, tiempos de viaje y el desgaste diario de millones de usuarios.
Con un fuerte énfasis en el impacto social y económico de la movilidad urbana, el presidente Santiago Peña promulgó este miércoles la ley de reforma integral del transporte público, una normativa que busca corregir dos décadas de desorden y baja calidad del servicio. La iniciativa fortalece la rectoría estatal, introduce un sistema tarifario integrado y sienta las bases de un modelo metropolitano más eficiente, con el objetivo de mejorar la productividad y la calidad de vida de los usuarios.
“Es una reforma profunda, la reforma del transporte público. Pasaron veinte años para que se haga una modificación. Era un sistema con el que nadie estaba conforme: los usuarios no estaban contentos, los empresarios no estaban contentos y, definitivamente, el Estado tampoco estaba satisfecho con ese sistema. Sin embargo, tomamos la decisión y enfrentamos el desafío”, manifestó el presidente Santiago Peña.
En ese contexto, subrayó el impacto directo que la reforma tendrá en la vida cotidiana de la ciudadanía. “Esta reforma representa dar una respuesta a millones de paraguayos. Millones de personas que, día a día, se trasladan desde y hacia sus puestos de trabajo, centros de estudio y universidades, muchas veces con dificultad y cansancio; personas que no duermen bien para ir a trabajar y que, después de una larga jornada, deben volver a sus casas, desgastando su energía. Todo esto, además, implica menos tiempo para estar con sus familias”, expresó.
Enfoque ciudadano y el rol del Estado
En esa misma línea, la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión, resaltó el enfoque ciudadano de la nueva normativa y el rol del Estado como garante del servicio.
“Porque esta ley que se acaba de firmar, realmente es una propuesta de transformación de un servicio que entendemos tiene que ser digno, imprescindible, de calidad y con seguridad y previsibilidad para el ciudadano. Y el Estado hoy, con esta ley, garantiza ese derecho y ese servicio imprescindible. Trabajamos esta ley en pilares que sostienen esta transformación”, afirmó.
A su vez, explicó que, con la promulgación de la ley, el Estado fortalece su rectoría y regulación en el transporte público terrestre de pasajeros, dotando al sistema de reglas más eficientes. Además, la normativa actualiza el marco vigente en función de las dinámicas de movilidad, del crecimiento urbano y de las demandas ciudadanas, y declara por primera vez al transporte público como un servicio imprescindible, garantizando su prestación continua y obligatoria.
En este marco, se introduce la integración tarifaria, apoyada en el billetaje electrónico y en una concepción del transporte como una red integrada. Bajo este esquema, el usuario paga un primer pasaje y puede continuar su viaje sin volver a abonar, mientras que un tercer tramo tiene un costo reducido o incluso gratuito, generando un ahorro significativo para quienes utilizan más de un bus al día.
Reorganización del sistema
La reforma impulsa una visión metropolitana más amplia y habilita la creación de nuevas áreas metropolitanas en distintas regiones del país, conforme a criterios técnicos y de desarrollo urbano. Este enfoque permite una planificación del transporte más integrada, alineada con las realidades económicas, sociales y productivas de cada territorio.
En el plano operativo, la ley introduce un cambio estructural mediante la implementación de Unidades Funcionales, que reorganizan el sistema en grandes corredores troncales. Cada unidad contará con un plan único de servicio, donde se definirán rutas, frecuencias, flota y estándares operativos, aportando mayor coherencia y previsibilidad al funcionamiento del transporte público.
De esta manera, el Gobierno del Paraguay consolida la reforma del transporte público, orientada a garantizar un servicio más ordenado, eficiente y centrado en las personas. La normativa sienta las bases de un sistema moderno, con reglas claras, planificación a largo plazo y mayor control estatal, apuntando a mejorar la movilidad cotidiana y la calidad de vida de miles de usuarios en todo el país.
