El Ejecutivo impulsa cambios en la Caja Fiscal para frenar su déficit, mientras Educación advierte que ya hay más docentes jubilados que activos.
La propuesta plantea jubilarse desde los 57 años de forma extraordinaria y a los 62 de manera ordinaria, pero los sindicatos rechazan cualquier modificación.
La sostenibilidad del sistema jubilatorio volvió al centro del debate público. El Gobierno abrió la discusión sobre una reforma de la Caja Fiscal que impacta directamente en el sector docente, en un contexto de déficit creciente y presión sobre las finanzas públicas. Aunque el Ejecutivo insiste en la necesidad de establecer una edad mínima de jubilación, los gremios ya anticiparon su rechazo, elevando la tensión en un tema sensible tanto en lo social como en lo fiscal.
El ministro de Educación, Luis Ramírez, afirmó que el sistema de jubilaciones y pensiones de los docentes “debe ser profundamente analizado”, al advertir que actualmente existen más docentes jubilados que activos. Esta situación, según explicó, compromete la sostenibilidad del esquema previsional y obliga a encarar una discusión de fondo con todos los actores involucrados.
La reforma forma parte de un proyecto más amplio del Poder Ejecutivo para reordenar la Caja Fiscal, que se financia con los aportes de los funcionarios públicos, entre ellos los maestros. El principal cambio propuesto es la incorporación de una edad mínima de jubilación para todos los sectores.
En su presentación ante el Congreso, el ministro de Economía, Carlos Fernández, detalló que el proyecto establece una jubilación extraordinaria a los 57 años y una ordinaria a los 62, como medidas clave para evitar el colapso del sistema. El déficit de la Caja Fiscal, que debe ser cubierto por el Estado, representa una carga creciente para las cuentas públicas.
Sin embargo, los gremios docentes reaccionaron con firmeza y adelantaron su rechazo a cualquier modificación de las condiciones actuales, que permiten jubilarse en función de los años de aportes y no de la edad. Incluso, no se descarta la posibilidad de medidas de fuerza si el proyecto avanza sin consenso.
Consultado sobre una eventual huelga, Ramírez sostuvo que el diálogo con los sindicatos sigue abierto y llamó a mantener ese canal como vía de resolución. “Una huelga se hace cuando no hay diálogo, pero este no es el caso”, aseguró.
El debate se da en paralelo a la agenda educativa. Ramírez participó junto al presidente Santiago Peña de la primera distribución de kits escolares para el año 2026, ocasión en la que el mandatario también se refirió a la reforma previsional. Peña remarcó que el objetivo es liberar recursos para áreas prioritarias como salud y educación, recordando que en 2025 el Estado debió cubrir un déficit de la Caja Fiscal de US$ 380 millones.
“Imagínense todo lo que puede hacer el Estado con ese dinero”, expresó el presidente, dejando en claro que la reforma apunta no solo a equilibrar las cuentas, sino también a redefinir el uso de los recursos públicos en un escenario de crecientes demandas sociales.
