El déficit del sistema de jubilaciones del sector público alcanzó US$ 380 millones en 2025 y equivale a casi la mitad del límite permitido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El Ministerio de Economía y Finanzas advirtió ante el Congreso que, sin cambios estructurales, la Caja Fiscal podría explicar el 100% del déficit fiscal máximo en los próximos años.
En la foto: Carlos Fernández Valdovinos, ministro de Economía y Finanzas.
El creciente déficit de la Caja Fiscal volvió al centro del debate económico y político. El Gobierno alertó que el sistema previsional del sector público se ha convertido en uno de los principales riesgos para la sostenibilidad fiscal del país y urgió al Congreso a avanzar con una reforma estructural.
El Sistema de Jubilaciones y Pensiones del sector público, conocido como Caja Fiscal, cerró el año 2025 con un déficit de US$ 380 millones, equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB). La cifra representa aproximadamente la mitad del tope de déficit establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), fijado en 1,5% del PIB.
Así lo advirtió el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, durante la presentación de las proyecciones de la Caja Fiscal y del proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo. La exposición se realizó ante senadores y diputados en una sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso Nacional.
“El déficit de la Caja Fiscal se financia con los impuestos que paga toda la población”, remarcó el ministro, al tiempo de advertir que, de no concretarse la reforma, no sería extraño que el 100% del déficit máximo permitido por la LRF termine siendo explicado exclusivamente por los recursos que el Estado debe destinar para cubrir este sistema previsional.
Fernández Valdovinos insistió en la necesidad de avanzar con una reforma estructural, en línea con la sostenibilidad de las mejoras sociales y el buen desempeño económico registrado en los últimos años. En ese sentido, reiteró la apertura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al diálogo y a la recepción de propuestas técnicas que sean viables en el largo plazo.
Uno de los principales factores que explican el desequilibrio del sistema, según el titular del MEF, es la inexistencia de una edad mínima de jubilación. “El incremento del aporte del 16% al 19% ayudará, así como también el aporte del 3% por parte del Estado, pero lo que realmente permitirá corregir el déficit es el establecimiento de una edad mínima de jubilación”, subrayó.
Durante la presentación, la gerente de Desarrollo Económico del MEF, Liz Coronel, detalló que los mayores aportes al déficit de 2025 provinieron de las Fuerzas Públicas, con US$ 210 millones financiados íntegramente con impuestos, y del Magisterio Nacional, con cerca de US$ 174 millones, cubiertos con recursos acumulados por otros sectores superavitarios del programa civil.
Coronel alertó además que el déficit de la Caja Fiscal prácticamente equivale a las recaudaciones tributarias de ese año, estimadas en unos US$ 450 millones, y advirtió que, de mantenerse la tendencia actual, el rojo de US$ 380 millones se duplicará en los próximos años.
La funcionaria también puso énfasis en los bajos promedios de edad de retiro. Según los datos de nuevos jubilados de 2025, se registraron docentes del Magisterio Nacional que accedieron a la jubilación a los 41 años y efectivos de las Fuerzas Públicas que se retiraron a los 32 años. En ambos sectores, más del 70% de los jubilados se retira antes de los 55 años.
En este contexto, el proyecto de reforma del Poder Ejecutivo propone establecer una edad mínima de jubilación para sectores como el Magisterio Nacional, Docentes Universitarios, Magistrados Judiciales, Policías y Militares, con un acceso gradual a partir de los 57 años. También plantea un esquema de aporte obrero-patronal del 22%, compuesto por un 19% del trabajador y un 3% del Estado.
La iniciativa incluye además nuevas tablas de sustitución que incentivan una mayor permanencia en el sistema, una base de cálculo homogénea sobre el promedio de los últimos cinco años de aporte y un mecanismo uniforme de actualización de haberes jubilatorios basado en la variación anual del Salario Mínimo Legal Vigente.
El proyecto de ley ya se encuentra disponible en el sitio web del MEF y será analizado por el Congreso en el marco del debate sobre la sostenibilidad fiscal y el futuro del sistema previsional del sector público.
