Reforma previsional apunta a reducir el déficit fiscal y ordenar el sistema de jubilaciones del sector público.
El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que los cambios permitirán mayor sostenibilidad, sin afectar derechos adquiridos.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) defendió el Proyecto de Ley de reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, señalando que la iniciativa busca garantizar la sostenibilidad de la Caja Fiscal mediante un esquema de corresponsabilidad entre el Estado y los aportantes, incorporando ajustes graduales y reglas uniformes sin efectos retroactivos.
El Ministerio de Economía y Finanzas recordó que el Proyecto de Ley “Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional, a través de un esquema de corresponsabilidad entre el Estado, en su rol de empleador, y los cotizantes.
Históricamente, el Estado ha sostenido el sistema principalmente mediante el financiamiento del déficit de las fuerzas públicas, la cobertura de los gastos en salud de los funcionarios en actividad y el otorgamiento de bonificaciones anuales a los jubilados. No obstante, el proyecto plantea que, si bien el Estado continuará cubriendo los déficits generados por determinados sectores, la incorporación de un aporte del 3%, junto con los ahorros derivados de los ajustes en la edad de jubilación, los años de aporte y las tasas de sustitución, permitirán reducir el gasto público proyectado frente a un escenario sin reforma.
En paralelo, la propuesta busca introducir criterios más objetivos y homogéneos, alineados con el marco constitucional, para el cálculo y la actualización de los haberes jubilatorios. En ese sentido, se establece como criterio general para todos los sectores el cálculo del beneficio en base al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años, conforme al esquema vigente en la Administración Pública.
Asimismo, el proyecto define un mecanismo uniforme de actualización anual de las jubilaciones y pensiones a herederos, vinculado a la variación del salario mínimo legal, criterio ya aplicado a las fuerzas públicas. Según el MEF, este mecanismo permite preservar el poder adquisitivo de las prestaciones, garantizar la igualdad de trato con el personal en actividad y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad del gasto público, en línea con la Ley N.° 5098/2013 de Responsabilidad Fiscal.
Para brindar seguridad jurídica y previsibilidad a los aportantes, la iniciativa contempla un régimen de transición que respeta plenamente los derechos ya adquiridos. En ese marco, los cotizantes que, al momento de la promulgación de la ley, ya hayan cumplido con los requisitos establecidos por la normativa vigente para acceder a la jubilación o al retiro, podrán regirse por la Ley N.° 2345/2003 y sus modificaciones, así como por las leyes especiales que regulan cada régimen específico.
El proyecto establece de manera expresa que los derechos consolidados forman parte del patrimonio de sus titulares y no pueden ser modificados ni desconocidos por normas posteriores. De este modo, el nuevo marco normativo regirá únicamente para los futuros servidores públicos y para quienes aún no hayan configurado su derecho jubilatorio, permitiendo una transición ordenada, gradual y sin efectos retroactivos.
Finalmente, el MEF destacó que la elaboración del proyecto fue acompañada por un amplio proceso de diálogo con representantes de distintos sectores de la Administración Pública, entre ellos el Personal de Blanco, el Magisterio Nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de analizar la situación financiera de la Caja Fiscal.
Durante estos espacios, las autoridades técnicas presentaron el diagnóstico actuarial del sistema y expusieron la necesidad de una reforma orientada a garantizar su sostenibilidad y una mayor equidad en el acceso a los beneficios previsionales, incorporando los aportes y observaciones de los distintos sectores como insumos para la formulación final del proyecto.
