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Capasu advierte que la reforma de la Caja Fiscal es urgente, pero rechaza trasladar el costo al sector privado

El gremio supermercadista apoya cambios de fondo para asegurar la sostenibilidad del sistema previsional, pero alerta sobre impactos en empleo e inversión.

Sostiene que cargar el déficit a las empresas terminará afectando a consumidores y familias a través de mayores impuestos.

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) se sumó al debate sobre la reforma de la Caja Fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo, al considerar que los cambios son necesarios e impostergables frente a una crisis estructural, aunque advirtió que trasladar los costos al sector privado generaría efectos negativos sobre la economía y el empleo

Desde el gremio señalan que la situación de la Caja Fiscal compromete no solo su sostenibilidad financiera, sino también el bienestar de las futuras generaciones, por lo que resulta imprescindible avanzar hacia una reforma responsable y de fondo. No obstante, Capasu remarca que cualquier solución debe construirse a partir de consensos amplios y evitar medidas que perjudiquen a sectores productivos que no son responsables del déficit del sistema.

En ese sentido, la cámara advierte que cargar mayores costos al sector privado tendría un impacto directo sobre el empleo, la inversión y el esfuerzo que miles de empresas realizan diariamente para sostener el desarrollo económico del país. Para el sector supermercadista, este tipo de medidas podría debilitar la actividad formal y afectar la competitividad en un contexto ya desafiante.

Capasu subraya además que la sostenibilidad de la Caja Fiscal no constituye únicamente un debate técnico, sino que sus consecuencias alcanzan a toda la ciudadanía. Cuando el Estado debe cubrir déficits estructurales con recursos generales, el costo termina siendo absorbido por los consumidores y las familias, a través de los impuestos que pagan cotidianamente.

Finalmente, el gremio reafirma su respaldo a un proceso de reforma que garantice una Caja Fiscal viable, equilibrada y previsible, que proteja los derechos de los jubilados sin generar distorsiones económicas ni impactos negativos sobre sectores clave de la economía nacional.

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