La Unión Industrial Paraguaya (UIP) cuestiona el proyecto del Ejecutivo que busca limitar las utilidades en reserva, señalando que la medida no se ajusta al contexto económico actual.
El gremio sostiene que avanzar sobre estos fondos podría generar incertidumbre, impactar en las mipymes y aumentar la presión sobre el sector formal sin atacar problemas estructurales.
El debate sobre una eventual regulación de las utilidades en reserva suma tensión entre el Gobierno y el sector privado. Mientras el Ejecutivo apunta a evitar la postergación del pago de impuestos, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) advierte que la iniciativa podría tener efectos adversos sobre la inversión, la liquidez empresarial y el clima económico en general.
El Gobierno nacional analiza un proyecto de ley que busca limitar el uso de reservas facultativas de las empresas, con el objetivo de evitar que estas herramientas sean utilizadas para diferir el pago de impuestos sobre utilidades. La propuesta se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de la recaudación fiscal.
Sin embargo, desde el sector industrial surgieron críticas. La UIP remarcó por medio de su cuenta en X que las reservas empresariales no constituyen un mecanismo de evasión, sino una herramienta clave para la gestión financiera. Según el gremio, estos fondos permiten sostener la liquidez, cubrir riesgos y garantizar la continuidad operativa, especialmente en contextos económicos desafiantes.
La organización recordó que la actual estructura tributaria proviene de la reforma de 2004, fruto de un acuerdo público-privado, en el cual el sector empresarial cumplió con sus compromisos. No obstante, advierten que aún no se observan avances sostenidos en la reducción del gasto público, lo que genera desequilibrios persistentes.
En ese sentido, la UIP alertó que avanzar sobre las reservas en el contexto actual podría enviar señales negativas al mercado, afectando el clima de inversión y generando mayor incertidumbre. El impacto sería particularmente sensible en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que enfrentan márgenes ajustados y retrasos en pagos, incluso por parte del propio Estado.
Asimismo, el gremio subrayó que medidas de este tipo no abordan problemas estructurales como la informalidad o el tamaño del gasto público, y que, por el contrario, podrían aumentar la carga sobre las empresas que ya operan dentro del sistema formal.
Finalmente, la UIP instó a priorizar políticas que fomenten la transparencia y el crecimiento económico sin desalentar la inversión, advirtiendo que cualquier cambio en las reglas del juego debe considerar el delicado equilibrio del entorno empresarial.
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