La regulación del metano abre un nuevo frente comercial entre EE.UU. y la UE

Bruselas, 26 jun (EFE).- Estados Unidos ha aumentado la presión sobre la Unión Europea (UE) para que posponga la entrada en vigor de las nuevas exigencias a los importadores de petróleo y gas incluidas en el reglamento comunitario de metano.

El embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, afirmó este viernes en la red social X que Washington y otros exportadores de energía instan a Bruselas a «detener el reloj» de los requisitos para importadores antes de que empiecen a aplicarse el 1 de enero de 2027.

La presión estadounidense coincide con un consejo de ministros de Energía de la UE, donde se debatirá el reglamento de metano, y llega después de que Estados Unidos, Catar, Argelia y Nigeria enviaran una carta a la Comisión Europea, el Consejo y los Estados miembros para pedir advertir de posibles riesgos para el suministro energético europeo si se aplica la normativa.

Coincide además con una petición de una docena de países de la UE, a la que ha tenido acceso EFE, en la que Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Hungría, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Suecia piden retrasar esas obligaciones por motivos de seguridad energética.

En la nota, los doce países sostienen que una prórroga «coordinada, limitada en el tiempo y dirigida» de las obligaciones que no pueden aplicarse ahora es «esencial» para proteger la seguridad energética de la UE en un momento de elevada incertidumbre geopolítica, sin renunciar a la integridad ambiental del reglamento ni a los compromisos europeos de reducción del metano.

Los países firmantes reclaman a la Comisión Europea que estudie «con carácter urgente» todas las opciones disponibles para reducir las barreras a las importaciones de gas natural y petróleo, y que introduzca enmiendas para aplazar tres años la aplicación de obligaciones del reglamento europeo de metano.

La petición se alinea en gran medida con el mensaje de EEUU, que en palabras de su embajador considera que «la energía que se está produciendo y almacenando ahora mismo para su entrega en enero de 2027, en gran medida, no puede cumplir» los requisitos europeos.

Washington pide a Bruselas un mecanismo de suspensión temporal, establecer una cláusula de salvaguarda para los contratos firmados durante el periodo de transición y retirar las sanciones mientras se adapta la norma.

Según Puzder, esas medidas permitirían proteger a los consumidores y a la industria europeos «sin abandonar» los objetivos de reducción de emisiones de metano.

El reglamento europeo de metano, aprobado en 2024, creó el primer marco comunitario para medir, notificar y verificar las emisiones de ese gas en el sector energético. Sus exigencias afectan tanto a la producción dentro de la UE como, progresivamente, a las importaciones de petróleo, gas y carbón.

El metano es un potente gas de efecto invernadero, con un impacto sobre el calentamiento global mucho mayor que el CO2 a corto plazo, y la UE lo considera una pieza clave de su política climática.

Pero la aplicación de los requisitos a proveedores extranjeros ha generado preocupación entre parte de la industria energética y varios gobiernos.

El grupo de países sostiene que apoya el objetivo de reducir las emisiones de metano, pero considera necesario introducir «ajustes cuidadosamente dirigidos», incluido un aplazamiento de ciertas obligaciones durante al menos tres años.

Los Estados miembros de ese bloque temen que, si los requisitos se aplican demasiado rápido, algunos proveedores redirijan cargamentos de gas natural licuado y petróleo hacia mercados menos regulados, lo que podría elevar los precios para consumidores e industria.

A su llegada al consejo de ministros, el comisario europeo de Energía, Dan Jørgensen, recordó que el reglamento de metano ya fue adoptado por los colegisladores europeos y subrayó que su trabajo ahora es «ayudar a que se implemente».

Estados Unidos lleva cerca de un año presionando para suavizar el reglamento y la Comisión Europea ha defendido hasta ahora mantener la ambición de la normativa, aunque se ha mostrado dispuesta a estudiar una aplicación pragmática de la norma para evitar disrupciones en el suministro.

«Se requiere un debate muy abierto sobre la implementación (…). No estamos en contra del reglamento, la cuestión son los tecnicismos», dijo a su llegada al consejo el responsable de Energía del Gobierno de Polonia, Wojciech Wrochna, que aludió a la inseguridad jurídica que genera en su estado actual.