El Poder Ejecutivo priorizará la regularización de obligaciones acumuladas por unos US$ 1.270 millones, una decisión que marcará la hoja de ruta de las cuentas públicas antes del retorno a la meta prevista por ley.
En la foto: Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas.
Asunción (Paraguay), 05 ago. (PLUS).- En una entrevista con PLUS, el ministro de Economía y Finanzas explicó que la principal prioridad del gobierno será regularizar las obligaciones acumuladas con proveedores del Estado, principalmente de los sectores de salud y obras públicas. Según detalló, estos compromisos ascienden a aproximadamente US$ 1.270 millones y condicionarán la estrategia fiscal de los próximos dos años, con el objetivo de retornar gradualmente al límite del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) previsto en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La regularización de estas obligaciones tendrá impacto directo sobre el resultado fiscal de los próximos ejercicios. Según explicó, si se excluye el efecto extraordinario de estos pagos, el déficit asociado al flujo corriente se ubicaría en torno al 2% del PIB en 2026 y 1,9% en 2027, para retornar al 1,5% en 2028.
El escenario también está condicionado por una recaudación que viene creciendo por debajo de las expectativas oficiales. Lovera señaló que el Presupuesto General de la Nación había sido construido con una expectativa de crecimiento del 8,5% en los ingresos tributarios, mientras que hasta julio el incremento observado ronda apenas el 2%.
Para el cierre del año, sin embargo, el MEF mantiene una estimación de crecimiento de los ingresos cercana al 6%, por debajo de la previsión inicial.
A esta presión se suma el comportamiento del tipo de cambio. La apreciación del guaraní frente al dólar está afectando los ingresos vinculados al comercio exterior y otras fuentes de recaudación. Para la elaboración del Presupuesto General de la Nación 2027, Lovera adelantó que el MEF trabaja con un tipo de cambio cercano al nivel actual, ante la dificultad de proyectar una variable que depende, entre otros factores, de las condiciones monetarias internacionales.
Cómo se acumuló la deuda del Estado
Uno de los puntos centrales de la explicación del ministro fue el crecimiento de las obligaciones pendientes del Estado. Lovera sostuvo que, al asumir la administración en agosto del año 2023, Salud Pública había informado una deuda aproximada de US$ 320 millones por medicamentos e insumos, mientras que Obras Púbicas reportaba unos US$ 280 millones. Esos montos fueron posteriormente atendidos mediante una operación de endeudamiento autorizada por el Congreso.
Sin embargo, según la explicación presentada por Economía, posteriormente se identificaron otros compromisos que no habían sido incluidos en aquella primera cuantificación. En el caso de Salud, el ministro señaló que existían aproximadamente US$ 260 millones adicionales correspondientes a gestiones anteriores, además de nuevas obligaciones generadas durante la actual administración.
La situación se habría agravado por un aumento de la demanda de los servicios públicos de salud y por una ejecución de contratos más rápida de lo inicialmente previsto. Lovera mencionó, por ejemplo, que hospitales como los de Encarnación y Coronel Oviedo alcanzaron niveles de utilización superiores a las previsiones iniciales, acelerando la ejecución de contratos y, con ello, las obligaciones financieras.
Al cierre del 2025, la deuda con proveedores de Salud fue estimada por el ministro en alrededor de US$ 1.050 millones, mientras que el conjunto de atrasos de los principales sectores involucrados llega a aproximadamente US$ 1.270 millones. La magnitud de estas cifras coloca al manejo de los pasivos acumulados en el centro de la estrategia fiscal para los próximos dos años.
El problema de fondo: contratos y presupuesto desconectados
Más allá del monto de la deuda, Lovera puso el foco en una deficiencia de gestión que, según sostuvo, permitió que compromisos asumidos por distintas instituciones no fueran registrados oportunamente por las áreas financieras.
El ministro explicó que la administración de los contratos podía avanzar de manera separada de la gestión presupuestaria. En términos prácticos, una institución podía ejecutar un contrato y recién cuando llegaba la factura al área financiera se iniciaba el proceso de registro de la obligación. Esto, sostuvo, dificultaba conocer con precisión cuánto dinero estaba comprometiendo efectivamente el Estado.
Como respuesta, el MEF implementó el Sistema de Gestión de Bienes y Servicios (SIGEBYS), una herramienta que busca vincular desde el inicio la gestión contractual con la disponibilidad presupuestaria. El objetivo es contar con trazabilidad desde la planificación y firma de un contrato hasta la generación de la obligación y el pago.
La intención es que el Estado pueda conocer con mayor anticipación el volumen de compromisos que está asumiendo y evitar que nuevas obligaciones permanezcan fuera del radar financiero durante largos periodos. El desafío será comprobar que estas herramientas logren traducirse en una reducción efectiva de los atrasos y no solamente en una mejora del registro administrativo.
Más endeudamiento para cancelar obligaciones
Para el 2027, el MEF prevé solicitar al Congreso una autorización para recurrir a bonos u otros mecanismos de financiamiento, incluidos organismos multilaterales, con el objetivo de cancelar el remanente de las deudas que no sean atendidas durante 2026.
La estrategia implica que una parte del esfuerzo fiscal de los próximos años estará destinada a pagar obligaciones acumuladas en ejercicios anteriores. Esto modifica temporalmente la trayectoria prevista bajo la Ley de Responsabilidad Fiscal y posterga el retorno al límite de 1,5% del PIB.
Lovera sostuvo que esto no implicará necesariamente abandonar los proyectos de inversión pública. La mayor tolerancia fiscal, según explicó, responde precisamente a la necesidad de atender los atrasos sin paralizar completamente la ejecución de obras y otros programas.
El punto de tensión estará en determinar cuánto espacio fiscal quedará disponible para nuevas inversiones mientras el Estado enfrenta obligaciones acumuladas, menores niveles de crecimiento de la recaudación y una mayor necesidad de financiamiento.
La recaudación vuelve al centro de la discusión
Ante el escenario de menores ingresos, Economía también analiza modificaciones dentro de la estructura tributaria vigente. Lovera descartó, al menos por ahora, un aumento general de tasas o la creación de nuevos impuestos, pero planteó una revisión de las exoneraciones, regímenes especiales y otros beneficios que conforman el denominado gasto tributario.
Según sus estimaciones, este gasto podría representar entre 2% y 3% del PIB, aunque aclaró que esto no significa que todo ese monto pueda recuperarse mediante cambios tributarios. Algunas exoneraciones están vinculadas a políticas de promoción de inversiones, maquila y sectores considerados estratégicos.
El enfoque anunciado apunta también a combatir la informalidad mediante un mayor uso de tecnología y cruces de información. La intención es ampliar la base de contribuyentes sin necesariamente incrementar las tasas vigentes.
Así, la discusión fiscal que se abre para los próximos años no se limita al déficit. El gobierno deberá enfrentar simultáneamente el pago de obligaciones acumuladas, la presión sobre los ingresos, el financiamiento de servicios públicos y la necesidad de sostener inversiones, mientras busca que el déficit vuelva al 1,5% del PIB en 2028.
La principal incógnita será si las nuevas herramientas de control y las medidas sobre ingresos alcanzan para evitar que los atrasos vuelvan a trasladarse de un ejercicio a otro.
La trayectoria anunciada por el Ministerio de Economía depende, en buena medida, de que el problema que hoy obliga a elevar el déficit sea efectivamente excepcional y no vuelva a convertirse en una fuente permanente de presión sobre las cuentas públicas. © Revista PLUS Research
