La desarrolladora inmobiliaria CorAr International SAECA confirmó que un juzgado admitió su convocatoria de acreedores, proceso previsto en la legislación paraguaya para empresas que atraviesan dificultades financieras.
La medida no equivale a una declaración de quiebra, pero coloca a la compañía bajo procedimiento judicial destinado a ordenar sus obligaciones y definir un eventual acuerdo con sus acreedores.
En la foto: Miguel Ángel Fernández, presidente de CorAr
La propia empresa publicó en su sitio web un comunicado en el que informa que la convocación de acreedores fue admitida por el juzgado en lo Civil y Comercial del tercer turno, dentro del expediente N° 223/2026 y bajo el régimen de la Ley N° 154/1969, conocida como Ley de Quiebras. El proceso contempla la intervención de un síndico, el abogado Marcial Otilio Paredes Basualdo. CorAr habilitó además un correo y un número de WhatsApp para atender consultas vinculadas con el proceso.
De acuerdo con la legislación paraguaya, una vez admitida la convocatoria, la empresa conserva la administración de sus bienes y puede continuar con sus actividades, aunque queda bajo la vigilancia del síndico. Paralelamente, los acreedores deben presentar la documentación que respalde sus respectivos créditos dentro de los plazos establecidos por el juzgado.
El caso adquiere mayor relevancia por los antecedentes de la compañía dentro del mercado de valores. CorAr International es una sociedad dedicada al desarrollo inmobiliario y la construcción y ha participado en el mercado de capitales mediante emisiones de bonos. La documentación de la Bolsa de Valores de Asunción registra, entre otros instrumentos, su Programa de Emisión Global USD 1, por hasta US$ 3 millones y una Serie 1 por US$ 1 millón.
La situación financiera de la empresa ya había generado señales de alerta. En noviembre del año 2024, Feller Rate comunicó que asignaba una clasificación “Epy” a la solvencia y al programa de bonos de CorAr. La calificadora explicó que la decisión obedecía a la imposibilidad de obtener información suficiente y representativa para evaluar la capacidad de pago de la compañía, en un contexto en el que la Superintendencia de Valores había dispuesto la suspensión automática de la sociedad para colocar acciones y bonos en el mercado primario por incumplimientos en la presentación de información periódica.
Los registros del Banco Central del Paraguay también muestran que CorAr había sido objeto de suspensiones automáticas relacionadas con el incumplimiento de obligaciones de información ante el regulador. En particular, figura una suspensión determinada en noviembre de 2024 y otra vinculada con la información anual correspondiente a 2024.
A la convocatoria de acreedores admitida por la Justicia se suman denuncias de inversores, principalmente argentinos, que aseguran haber entregado sus ahorros por departamentos vendidos “en pozo” que no fueron entregados. Los abogados de los afectados sostienen que el perjuicio podría alcanzar a decenas de personas y reclaman una investigación penal.
El caso tomó mayor repercusión luego de que inversores extranjeros acudieran a la Fiscalía para denunciar a la empresa por presuntas estafas. Según los testimonios recogidos, se ofrecían unidades habitacionales con plazos de entrega determinados, pero algunos proyectos quedaron inconclusos e incluso existen terrenos donde, de acuerdo con los denunciantes, los edificios comprometidos ni siquiera llegaron a construirse. Medios locales ya habían reportado en abril que al menos 14 inversores extranjeros denunciaron supuestas estafas millonarias relacionadas con proyectos de CorAr.
Uno de los abogados que representa a los afectados, Pedro Wilson Marinoni, señaló que sus clientes son argentinos provenientes principalmente de Buenos Aires y Santa Fe y que, en los seis casos que representa, los compradores habrían cancelado íntegramente los inmuebles. Según su estimación, solo esos seis clientes acumularían un perjuicio cercano al millón de dólares. La acusación sostiene que los contratos establecían plazos de entrega que podían rondar los dos años, mientras que los pagos se completaban, en algunos casos, en apenas seis meses.
La preocupación de los abogados va más allá del incumplimiento contractual. Los denunciantes pretenden que el Ministerio Público determine si los hechos podrían configurar los delitos de estafa y lesión de confianza, además de investigar eventuales irregularidades tributarias y el origen de los fondos, extremos que deberán ser corroborados por la Fiscalía. En paralelo, buscan identificar a todos los responsables y accionistas que pudieran estar vinculados con las operaciones cuestionadas.
El siguiente paso será determinante: el proceso deberá avanzar con la verificación de los créditos y la participación de los acreedores, mientras la empresa busca una salida que permita ordenar sus compromisos.
Perfil – Miguel Ángel Fernández
Es fundador y miembro del directorio. Es abogado y empresario por la Universidad de Córdoba. Es fundador y accionista mayoritario de la desarrollada CorAr International S.A. en Paraguay. Especializado en desarrollo y dirección de proyectos inmobiliarios de uso residencial. Con 53 años y radicado en Paraguay hace 13 años, el mismo fue un referente del sector y speaker internacional en real estate.
