El juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas por la comisión de los hechos punibles de producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso llegó este jueves a su etapa final, con la deliberación del Tribunal de Sentencia integrado por María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.
Más allá de los alegatos de la Fiscalía y la defensa, durante las jornadas de juicio los magistrados realizaron preguntas a distintos testigos y centraron parte del análisis en la documentación académica, los registros del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y las circunstancias en que se habría desarrollado la carrera de Derecho atribuida a Rivas.
«En este juicio se ha demostrado que el acusado no ha realizado el trayecto requerido para obtener la calidad de abogado. Rivas Román no hizo valer solamente un documento, hizo valer una condición profesional» señaló María Fernanda García de Zúñiga, presidenta del Tribunal de Sentencia.
Para el Tribunal quedó probado que Rivas fue un «estudiante fantasma», que no cursó efectivamente la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana y que utilizó los documentos académicos para representar a ambas cámaras del Congreso ante el Jurado de enjuiciamiento de Magistrados y jurar ante la Corte Suprema de Justicia para obtener su matrícula de abogado.
Uno de los puntos examinados fue el certificado de estudios presentado como respaldo de la formación universitaria. Durante la declaración del exdecano de Derecho de la Universidad Sudamericana, Óscar Rodríguez Kennedy, el juez Juan Carlos Zárate consultó si era posible que un estudiante rindiera varias materias en una misma jornada.
El certificado atribuido a Rivas consignaba que había rendido seis materias en un solo día, correspondientes al noveno semestre, mientras que en otra fecha figuraban cinco asignaturas rendidas en una jornada. Ante la consulta del magistrado sobre si esa situación era posible, el exdecano respondió que no. El interrogatorio del Tribunal también alcanzó a una exfuncionaria del área de auditoría interna del MEC, Nilda Rojas, quien había participado en una audiencia sobre el título de Rivas.
Otro aspecto abordado por la presidenta del Tribunal fue la documentación que debía ser remitida periódicamente por las universidades al MEC para su guarda y conservación. García de Zúñiga preguntó si la Universidad Sudamericana cumplía con esa obligación conforme a la normativa vigente. La testigo respondió que ese punto no había sido observado en la auditoría.
Testimonios y versiones contrapuestas
El Tribunal también interrogó a personas que declararon sobre la supuesta presencia de Rivas en la Universidad Sudamericana. Durante una de las últimas jornadas de la etapa testimonial, el exalumno Éver Ortiz Torres aseguró que recordaba a Rivas de la época de la Facultad de Derecho. Ante preguntas de los jueces sobre cómo lo identificaba, mencionó como rasgo particular sus orejas.
En otra jornada, dos testigos presentados por la defensa —el excoordinador de Alumnos y Docentes, Aurelio Pastor Marecos Alvarenga, y el docente Mario Antonio Antúnez— afirmaron haber visto a Rivas en la institución. Ambos fueron interrogados por los tres integrantes del Tribunal y por los fiscales, y durante las preguntas surgieron diferencias e imprecisiones sobre fechas de exámenes y otros aspectos de sus relatos.
Estas declaraciones contrastaron con las de otros testigos, entre ellos una exfuncionaria de la Universidad Sudamericana, Liza Cabañas, quien afirmó que nunca vio a Rivas en la institución ni asistiendo a clases.
El punto jurídico que planteó la defensa
En los alegatos finales de este jueves, la defensa de Rivas planteó que no existía una conducta concreta atribuible al acusado que demostrara su participación en las irregularidades documentales.
La abogada Alba Zaracho sostuvo que la ausencia de documentación en la Universidad Sudamericana no podía ser atribuida automáticamente a Rivas y cuestionó que no se hayan agotado todas las diligencias para determinar si los registros académicos existieron o fueron destruidos. También planteó la prescripción de parte de los hechos y solicitó la absolución.
La Fiscalía, por su parte, sostuvo que las pruebas producidas durante el juicio permitieron determinar que la trayectoria académica consignada en el certificado de estudios y el título no correspondía con una historia universitaria real, coherente y verificable, y solicitó una pena de 12 años de prisión. Rivas decidió no declarar durante el juicio, una decisión que su defensa explicó como parte de su estrategia y de su derecho constitucional.
