La seguridad jurídica vuelve a ocupar un lugar central en la discusión sobre las condiciones necesarias para atraer y sostener inversiones en Paraguay. En ese contexto, la Cámara de Comercio Paraguayo Americana (AmCham Paraguay) advirtió que la previsibilidad del marco institucional y la vigencia efectiva del Estado de Derecho son factores relevantes para la confianza de los capitales, particularmente de aquellos con horizonte de largo plazo.
El pronunciamiento surge en medio de los acontecimientos judiciales y políticos vinculados al caso del exsenador Hernán Rivas, recientemente condenado a ocho años de pena privativa de libertad por la comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, según la resolución del tribunal de sentencia que lo juzgó.
Para AmCham, situaciones relacionadas con la falsificación de credenciales profesionales y el acceso a espacios de decisión pública mediante documentación irregular trascienden el ámbito estrictamente penal. La entidad sostiene que también pueden afectar la percepción que tienen los inversionistas sobre la solidez de las instituciones paraguayas.
En términos económicos, la preocupación radica en la necesidad de contar con reglas previsibles y mecanismos de control capaces de reducir los riesgos institucionales. Para los capitales que evalúan proyectos de largo plazo, la seguridad jurídica constituye uno de los elementos que inciden en la decisión de ingresar, permanecer o ampliar operaciones en un mercado.
La organización empresarial señaló que la existencia de prácticas de simulación, fraude documental o falsificación de credenciales en ámbitos de relevancia estatal puede deteriorar la confianza en las instituciones y generar dudas sobre la aplicación uniforme de las normas.
Controles y verificación
Otro de los puntos planteados por AmCham apunta a los mecanismos de verificación utilizados por el Estado. La cámara empresarial pidió profundizar las reformas institucionales destinadas a fortalecer los controles, particularmente aquellos relacionados con la validación de títulos académicos y habilitaciones profesionales.
La discusión adquiere relevancia porque la confiabilidad de los registros públicos y la capacidad de las instituciones para detectar irregularidades forman parte de la infraestructura institucional sobre la que se desarrolla la actividad económica. En este sentido, la entidad exhortó a los poderes del Estado a mejorar los sistemas de control y verificación para garantizar que quienes ocupan cargos públicos cumplan con los requisitos establecidos y que las decisiones estatales se sustenten en credenciales legítimas.
AmCham también pidió que las instancias judiciales que intervienen en el caso actúen con independencia, celeridad y rigor, pero con estricto respeto de las garantías del debido proceso. El planteamiento apunta a que eventuales responsabilidades sean determinadas conforme al marco legal y sin distinción respecto del nivel de participación de los involucrados.
Para Paraguay, que busca ampliar la llegada de inversión extranjera y aumentar la participación de capital privado en proyectos productivos y de infraestructura, la discusión sobre la fortaleza de sus instituciones tiene una dimensión económica además de política y judicial.
La posición de AmCham es que un mercado competitivo requiere reglas iguales para todos, mecanismos de control efectivos y capacidad institucional para hacer cumplir la legislación. Bajo esta perspectiva, el fortalecimiento del Estado de Derecho no se limita al funcionamiento del sistema judicial, sino que también involucra la calidad de los procesos de selección, acreditación y fiscalización dentro del sector público.
La cámara puso a disposición la experiencia de su red de asociados para acompañar iniciativas orientadas a fortalecer estos mecanismos. El objetivo planteado es consolidar condiciones institucionales que permitan a Paraguay ofrecer mayor previsibilidad a los capitales que evalúan inversiones de largo plazo.
