La UNA solicitó más de G. 161.880 millones para crecimiento del personal, nivelación salarial y cumplimiento del contrato colectivo. Otras ocho universidades públicas del interior y la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay también plantearon ampliaciones para obras, equipamiento, becas y nuevas carreras, en medio de cuestionamientos legislativos sobre la distribución y el uso de los fondos.
El financiamiento de las universidades públicas vuelve al centro de la discusión presupuestaria, con pedidos de ampliación que abarcan desde reajustes salariales y contratación de personal hasta construcción de aulas, laboratorios y equipamiento especializado. Las solicitudes fueron presentadas ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que analiza el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027.
La Universidad Nacional de Asunción (UNA), la mayor institución académica del país según su oferta educativa y presencia territorial, expuso requerimientos por más de G. 161.880 millones para atender tres conceptos específicos: crecimiento vegetativo del personal, nivelación salarial y cumplimiento del contrato colectivo. A esto se suman los pedidos de otras universidades nacionales, que señalaron limitaciones de infraestructura y recursos para responder al crecimiento de sus matrículas.
La discusión no se limita al volumen de fondos solicitado. Durante la reunión también surgieron cuestionamientos sobre la cantidad de estudiantes en determinadas carreras, la posible duplicación de ofertas académicas en el interior y la necesidad de vincular la formación universitaria con las demandas del mercado laboral.
El desafío para el PGN 2027 será determinar cuánto de estas necesidades puede incorporarse al presupuesto, en un escenario en el que las instituciones reclaman recursos para sostener sus operaciones, mejorar las condiciones laborales y ampliar su capacidad de formación e investigación.
Un presupuesto de G. 166,3 billones bajo presión
El proyecto de PGN 2027 presentado por el Poder Ejecutivo asciende a G. 166,3 billones, unos US$ 25.700 millones, y representa un aumento del 11,2% frente al presupuesto aprobado para 2026. La propuesta contempla un déficit fiscal de hasta el 3,9% del PIB, asociado principalmente a la necesidad de atender obligaciones acumuladas del Estado.
En ese marco, las solicitudes de las universidades compiten con otras necesidades del gasto público y deberán pasar por el análisis legislativo antes de que se definan las asignaciones finales. La presentación de un pedido presupuestario no implica que los recursos estén aprobados ni que se asignarán íntegramente.
La discusión también expone una tensión de fondo: las instituciones necesitan recursos para sostener su funcionamiento y ampliar la oferta académica, pero el Congreso debe examinar la justificación de los incrementos y las prioridades de inversión.
UNA: más de G. 161.880 millones para salarios y personal
La rectora de la Universidad Nacional de Asunción, Zully Vera, presentó las necesidades de la institución, que cuenta con 14 facultades, 158 carreras de grado, 192 programas de posgrado y cuatro cursos de pregrado. Su oferta académica se distribuye en 12 departamentos, 22 ciudades y 42 filiales, según los datos expuestos ante los legisladores.
La suma de estos requerimientos asciende a G. 161.880.896.443. Se trata de recursos adicionales solicitados para esos conceptos, no del presupuesto total de la universidad.
Vera también planteó fortalecer las tecnicaturas y la investigación científica, con referencia al proyecto SATREPS, que busca vincular la academia con el sector productivo y la cooperación internacional.
Durante el debate, el senador Silvio Ovelar, vicepresidente de la comisión, señaló que la nivelación salarial podría analizarse de manera unificada, según los rangos de los cargos.
El senador Líder Amarilla cuestionó el monto global del presupuesto de la UNA, estimado durante la reunión en aproximadamente US$ 288 millones, y propuso revisar la cantidad de estudiantes de algunas carreras y la posible duplicación de ofertas académicas en el interior. El planteamiento introduce la discusión sobre cómo distribuir los recursos entre las distintas áreas y qué criterios deben utilizarse para justificar las ampliaciones.
Por su parte, José Oviedo puso el foco en los salarios docentes y en la formación de jóvenes para sectores con demanda laboral, particularmente los vinculados con la tecnología y las nuevas inversiones.
La senadora Esperanza Martínez abordó la formación de futuros líderes, la prevención de la violencia contra las mujeres y las condiciones de financiamiento de las universidades. También consultó sobre el plan de caja, la reglamentación interna de la ley y el déficit asociado al arancel cero.
La senadora Celeste Amarilla, en tanto, expresó preocupación por situaciones de acoso contra estudiantes mujeres y sostuvo que estas conductas no deben normalizarse en el ámbito universitario.
Universidades del interior solicitan fondos para obras y salarios
Los pedidos de las universidades nacionales del interior se concentran en infraestructura, recomposición salarial, equipamiento, becas y recursos para acompañar el crecimiento de la matrícula.
La Universidad Nacional de Concepción (UNC) solicitó G. 13.000 millones adicionales y advirtió que los recursos destinados al arancel cero no acompañan proporcionalmente el crecimiento de la matrícula.
Por su parte, la Universidad Nacional del Este (UNE) pidió un incremento de G. 12.340 millones para atender necesidades de infraestructura, nivelación salarial, becas y personal. La Universidad Nacional de Pilar (UNP) solicitó G. 16.000 millones, con el objetivo de acompañar la apertura de nuevas carreras mediante inversiones en infraestructura y equipamiento.
Uno de los mayores requerimientos corresponde a la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), que presentó un pedido adicional de G. 44.590.731.520 para recomposición salarial, crecimiento vegetativo e infraestructura.
En tanto, la Universidad Nacional de Itapúa (UNI) solicitó G. 15.500 millones, principalmente para inversión física y centros de alta simulación. La Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) planteó un incremento de aproximadamente G. 16.632 millones para mejoras salariales y construcción de aulas. La Universidad Nacional de Canindeyú (UNICAN) requirió G. 12.100 millones adicionales, mientras que la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay solicitó G. 7.130 millones, destinados principalmente a infraestructura.
Finalmente, la Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS) presentó un pedido adicional de G. 7.800 millones para la construcción y mejora de aulas, laboratorios y adquisición de equipamiento.
En conjunto, las nueve instituciones solicitaron alrededor de G. 145.093 millones adicionales, según la suma de los montos comunicados. La cifra no incluye los requerimientos específicos de la UNA y tampoco representa recursos aprobados.
La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo registra el mayor pedido individual entre las instituciones del interior, con G. 44.590 millones. Los fondos se destinarían a rcomposición salarial, crecimiento vegetativo e infraestructura.
En el caso de la Universidad Nacional de Itapúa, su rector, Hermenegildo Cohene, defendió una ampliación para inversión física y centros de alta simulación. La institución informó por separado que solicitó un incremento de G. 15.000 millones respecto del monto previsto inicialmente, por lo que la cifra debe distinguirse de los G. 15.500 millones consignados en la presentación general.
La Universidad Nacional de Concepción advirtió que los recursos destinados al arancel cero no aumentan en proporción al crecimiento de la matrícula. El planteamiento refleja una de las dificultades del financiamiento universitario: ampliar el acceso a la educación superior sin que los fondos disponibles necesariamente crezcan al mismo ritmo que la cantidad de estudiantes.
El desafío: más cobertura, calidad y control del gasto
Los pedidos presupuestarios muestran que las necesidades de la educación superior pública no se limitan a los salarios. También abarcan aulas, laboratorios, equipamiento, investigación y nuevas carreras, en un contexto en el que varias instituciones buscan responder a una mayor demanda educativa.
Sin embargo, el volumen de recursos solicitado plantea interrogantes sobre la planificación de la oferta académica, la distribución territorial de las carreras y la evaluación de resultados. Las observaciones de los legisladores sobre posibles duplicaciones y matrícula apuntan precisamente a la necesidad de examinar la eficiencia del gasto, sin perder de vista las diferencias de acceso a la educación superior entre Asunción y el interior del país.
La discusión sobre el arancel cero añade otra dimensión: garantizar el acceso exige contar con recursos suficientes para sostener la actividad académica, pero también con mecanismos que permitan conocer si el financiamiento acompaña efectivamente las necesidades de los estudiantes.
El proyecto de PGN 2027 todavía debe atravesar el proceso de análisis y aprobación legislativa. Por tanto, los montos presentados por las universidades constituyen solicitudes que deberán evaluarse frente a las prioridades del gasto público y la disponibilidad de recursos.
El resultado de esa negociación determinará qué parte de las necesidades planteadas podrá incorporarse al presupuesto del próximo año y cuánto margen tendrán las universidades para avanzar con sus compromisos salariales, proyectos de infraestructura y planes de expansión académica.
