Senadores de distintos sectores políticos coincidieron en reclamar cambios en la conducción del Banco Central del Paraguay y de la Superintendencia de Bancos, ante cuestionamientos sobre la supervisión y las respuestas remitidas al Congreso. El proyecto impulsado por Rafael Filizzola quedó pendiente de tratamiento tras la falta de cuórum en la sesión.
La conducción del Banco Central del Paraguay (BCP) enfrenta nuevos cuestionamientos en el Congreso, luego de que legisladores de la oposición y del oficialismo reclamaran al presidente Santiago Peña la remoción de sus autoridades para recuperar la confianza en la supervisión del sistema financiero.
El senador opositor Rafael Filizzola presentó un proyecto de declaración que insta al Poder Ejecutivo a promover la remoción del presidente del BCP, Carlos Carvallo, y de los demás integrantes del directorio, por presunto mal desempeño de sus funciones. La iniciativa debía ser tratada este miércoles, 14 de octubre, pero quedó postergada para la próxima semana después de que varios legisladores abandonaran el pleno y la sesión quedara sin cuórum, según los antecedentes difundidos sobre la jornada.
Filizzola cuestionó las respuestas de la banca matriz a las consultas del Senado sobre la situación de Ueno Bank y sostuvo que la información remitida resultó insuficiente para conocer con claridad las actuaciones de supervisión realizadas por el organismo regulador.
“Los miembros del BCP están causando un serio perjuicio al sistema financiero”, manifestó el legislador, quien consideró que las explicaciones proporcionadas no permitieron despejar las dudas planteadas sobre la entidad financiera.
El reclamo encontró coincidencias en el oficialismo. El senador Gustavo Leite también pidió a Peña cambiar a la totalidad del directorio del BCP y a las autoridades de la Superintendencia de Bancos. Argumentó que las respuestas entregadas al Congreso no satisficieron los requerimientos de información y que se necesitan autoridades capaces de ofrecer confianza sobre los controles aplicados al sistema financiero.
Leite afirmó, además, que referentes empresariales habían solicitado al mandatario el cambio de las autoridades monetarias durante una reunión que, según relató, se realizó en Mburuvicha Róga. No identificó públicamente a los participantes a los que hizo referencia. El cuestionamiento político se produce tras la divulgación de documentos relacionados con las operaciones crediticias de uno de los bancos y la actuación de los órganos de supervisión del BCP.
De acuerdo con la información publicada sobre el informe remitido al Senado, la Superintendencia de Bancos detectó excesos en los límites de exposición crediticia con empresas vinculadas a la entidad. El BCP señaló que el banco se adecuó a los límites correspondientes después de las notificaciones de la autoridad supervisora.
El informe también indicó que se abrió un sumario administrativo para examinar una operación de venta de cartera de créditos que, según las observaciones regulatorias, podría haber contado con financiamiento indirecto de la propia entidad. El procedimiento busca determinar las eventuales responsabilidades administrativas vinculadas a la operación.
Otro punto de controversia es el memorando fechado el 10 de julio de 2026 y atribuido a Fernando Rivarola, quien había ocupado la Gerencia de Supervisión antes de incorporarse al directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
El documento planteó observaciones sobre operaciones con empresas vinculadas y las condiciones en que se habrían concedido determinados créditos. La divulgación de su contenido incrementó los cuestionamientos sobre el tratamiento que recibieron las alertas dentro del organismo regulador.
En su respuesta al Congreso, el BCP sostuvo que Rivarola envió el documento cuando ya no ejercía el cargo de gerente de Supervisión y que, por ese motivo, no correspondía considerarlo un memorando formal emitido en el ejercicio de esas funciones. También afirmó que los asuntos señalados ya estaban siendo examinados por los equipos técnicos de supervisión.
Las diferencias entre las explicaciones del BCP y los cuestionamientos de legisladores y publicaciones periodísticas mantienen abierta la discusión sobre la trazabilidad de las alertas, la comunicación entre las áreas técnicas y el directorio, y el alcance de la información proporcionada al Congreso.
Peña respalda al BCP y pide evitar la incertidumbre
El presidente Santiago Peña respaldó públicamente a las autoridades del BCP y pidió prudencia ante las repercusiones de la controversia. El mandatario sostuvo que la apertura de un sumario administrativo no significa que una entidad bancaria vaya a cerrar ni que se encuentre necesariamente intervenida.
Peña también advirtió que la difusión de información incompleta o interpretaciones que generen temor pueden afectar las decisiones económicas de empresas e inversionistas. Su postura contrasta con la de los senadores que consideran necesario renovar la conducción del organismo para recuperar la confianza en sus mecanismos de supervisión.
El caso también reavivó las discusiones sobre los vínculos empresariales previos relacionados con Ueno. En octubre de 2024, Peña había cuestionado publicaciones sobre la adquisición de bonos de Ueno Bank por parte del Instituto de Previsión Social (IPS). En abril de 2025, el mandatario comunicó que había vendido sus acciones en Ueno Holding. El presidente de Ueno Bank, Juan Manuel Gustale, había aclarado en su momento que la participación accionaria del mandatario en el holding no implicaba que fuera accionista directo del banco.
La polémica coloca bajo discusión tanto la actuación de la autoridad reguladora como la transparencia de sus comunicaciones con el Poder Legislativo. Mientras Filizzola y Leite reclaman la remoción de las autoridades, el Ejecutivo mantiene su respaldo al directorio y defiende que los procedimientos de supervisión deben desarrollarse en el ámbito técnico.
La declaración impulsada por Filizzola quedó pendiente de tratamiento en el Senado. Por tanto, hasta la fecha de esta publicación, el pedido de remoción constituye una iniciativa legislativa y no una decisión aprobada por la Cámara Alta ni una destitución de las autoridades del BCP.
