La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) fijó posición ante la crisis de ueno bank y reclamó a las autoridades una respuesta que priorice la protección de los pequeños ahorristas, la continuidad de la cadena de pagos y el esclarecimiento de las eventuales responsabilidades.
El gremio empresarial sostuvo que las autoridades competentes deben actuar con independencia, rigor técnico, transparencia y celeridad, sin descuidar las garantías del debido proceso. Señaló que la estabilidad del sistema financiero constituye un activo fundamental para la economía paraguaya, pero aclaró que defenderla no significa evitar investigaciones, sino garantizar que los hechos sean esclarecidos y que la legislación se aplique sin privilegios.
Feprinco identificó dos prioridades inmediatas. La primera es restituir de manera rápida, ordenada y transparente los fondos de los pequeños depositantes, mediante los mecanismos previstos en la legislación y procurando reducir la incertidumbre y los perjuicios para quienes confiaron sus ahorros al sistema financiero.
La segunda consiste en restablecer cuanto antes la cadena de pagos y evitar que la situación de una entidad financiera se extienda al conjunto de la economía.
Para ello, planteó que se utilicen los recursos legales, regulatorios y operativos disponibles y que se analice, cuando resulte técnica y jurídicamente viable, la transferencia de activos y pasivos hacia otras entidades financieras solventes.
El objetivo, según la federación, debe ser preservar la continuidad de las operaciones y evitar efectos sobre empresas, proveedores, trabajadores y familias, así como sobre el normal desenvolvimiento de las actividades productivas y comerciales.
Fondos previsionales: cautela ante posibles decisiones
Otro punto abordado por Feprinco es la eventual utilización del Fondo de Garantía de Depósitos del Banco Central del Paraguay (BCP) para devolver los recursos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cajas de jubilaciones del sector público.
Sobre este tema, el gremio consideró prematuro formular conclusiones o impulsar leyes mientras no exista información oficial, suficiente y técnicamente sustentada por parte del BCP. Advirtió que las decisiones sin respaldo técnico pueden agravar la situación y reclamó que cualquier medida sea evaluada con prudencia y responsabilidad.
Asimismo, señaló que la cautela en el manejo de la crisis no debe convertirse en un mecanismo para diluir responsabilidades o garantizar impunidad. Afirmó que cualquier persona que, por acción, negligencia, omisión o complicidad, haya contribuido a lo ocurrido deberá responder ante la Justicia, independientemente de que pertenezca al sector público o privado.
Investigación sin afectar la confianza en el sistema
La federación también reclamó que las investigaciones avancen con independencia y que se determinen las responsabilidades correspondientes ante cualquier eventual incumplimiento de la legislación vigente.
En ese sentido, consideró necesario distinguir entre las posibles irregularidades de una entidad determinada y la solidez del sistema financiero paraguayo en su conjunto. Las conductas que pudieran comprobarse deben ser investigadas y sancionadas, pero no deben utilizarse para desacreditar indiscriminadamente al sector financiero nacional.
Por otra parte, Feprinco lamentó que las preocupaciones expresadas reiteradamente por el sector empresarial sobre esta situación y sus posibles consecuencias no hayan recibido atención con la oportunidad que las circunstancias requerían.
Ante ello, planteó la necesidad de extraer lecciones y fortalecer los mecanismos de prevención, supervisión y actuación temprana para evitar que situaciones similares vuelvan a afectar al país. Finalmente, la organización sostuvo que proteger a los ahorristas, preservar la cadena de pagos, defender la estabilidad financiera y exigir responsabilidades forman parte de una misma obligación institucional.
«Investigar no debilita las instituciones. Lo que las debilita es la impunidad, la interferencia o la falta de transparencia», concluyó el pronunciamiento.
