La crisis de ueno bank sumó un nuevo capítulo con el traslado de sus directivos a dependencias de la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presunta lesión de confianza y otros hechos punibles relacionados con la situación financiera de la entidad. La causa, impulsada a partir de una denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP), busca determinar las eventuales responsabilidades penales de los integrantes de la administración del banco.
Bajo un estricto operativo de seguridad, cinco directivos varones fueron trasladados a la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, mientras que dos mujeres integrantes del Directorio fueron derivadas a la Comisaría de Mujeres, ubicada en el barrio Trinidad de Asunción. La medida fue dispuesta por la Fiscalía, atendiendo a las características del caso.
Entre los directivos trasladados figuran Federico Miguel Vázquez Villasanti, Julio Daniel Rey Fernández, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gústale. Por su parte, Mariana Isabel Torres Rubiani y Diana Leticia Mongelós González fueron derivadas a la dependencia policial destinada a mujeres.
En tanto, Miguel Ángel Almada Frutos de 49 años, fue localizado en las inmediaciones del condominio Aqua Village, donde agentes del Departamento de Investigaciones de Cordillera montaron vigilancia luego de recibir información sobre su posible ubicación. Alrededor de las 21:40, el directivo salió hasta el acceso principal del complejo y fue aprehendido por los efectivos policiales
Posteriormente, fue trasladado al Departamento de Investigación de Hechos Punibles, en Asunción, donde quedó a disposición de las autoridades. Con este procedimiento se completó la captura de las ocho personas alcanzadas por la orden fiscal.
Una investigación por presuntas irregularidades financieras
La intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción se produjo luego de que el BCP presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público, tras detectar irregularidades vinculadas con la situación patrimonial y los indicadores de solvencia de ueno bank. El equipo investigador está integrado por los fiscales Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle, bajo la coordinación de la fiscala adjunta Nancy Salomón.
De acuerdo con las explicaciones brindadas por el Ministerio Público, la denuncia comprende aproximadamente 200 páginas y, junto con sus documentos anexos, el expediente reúne cerca de 2.000 fojas que deben ser examinadas por los investigadores.
Entre las posibles figuras penales mencionadas durante las primeras diligencias se encuentran la lesión de confianza, la estafa y la conducta indebida en situaciones de crisis, sin descartar otros hechos punibles que puedan surgir del análisis documental.
La Fiscalía señaló que las detenciones responden a la necesidad de asegurar la presencia de los investigados durante el proceso, considerando además información de inteligencia sobre posibles riesgos de fuga. Por ahora, la investigación se encuentra en una etapa inicial de análisis de los antecedentes y documentos remitidos por la banca matriz. La eventual imputación de los involucrados dependerá de los elementos de sospecha que puedan ser acreditados durante las diligencias.
El impacto de la crisis trasciende a la entidad bancaria
El BCP dispuso el inicio del procedimiento de resolución de ueno bank luego de constatar un deterioro severo de su solvencia, que cayó por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La decisión activó los mecanismos previstos para atender a los depositantes y ordenar la salida de la entidad del sistema financiero.
En este escenario, la investigación penal constituye otro frente de un proceso que ya tiene consecuencias económicas y financieras. La determinación de las responsabilidades de los administradores, la recuperación de los activos y la protección de los afectados serán aspectos centrales para dimensionar el alcance de la crisis.
El traslado de los directivos representa un nuevo avance en las actuaciones judiciales, aunque todavía deberán esclarecerse los hechos denunciados y determinarse las eventuales responsabilidades individuales.
