El comunicado del Ministerio de Justicia se produce luego de que trascendiera que Federico Miguel Vázquez, procesado en la investigación por el caso ueno bank, otorgó desde el Centro Nacional de Prevenidos un poder general a seis abogados para representar al Grupo Vázquez en asuntos judiciales y administrativos. La diligencia se realizó el mismo día de su ingreso al establecimiento penitenciario y en medio de medidas cautelares que afectan sus bienes y los de empresas vinculadas.
La controversia no gira únicamente en torno al ingreso de una escribana al penal, sino también al alcance del mandato otorgado y a las restricciones patrimoniales dispuestas por la Justicia. El Ministerio sostiene que la reclusión preventiva no elimina el derecho de una persona a realizar actos notariales y que la inhibición general de enajenar y gravar bienes no impide otorgar un poder de representación.
La información se conoció públicamente este martes 17 de noviembre, luego de que medios de comunicación difundieran el contenido de la Escritura Pública N.º 232, autorizada el 06 de noviembre por la escribana María Teresa López de Aponte. En el documento, Vázquez compareció en su carácter de presidente de Grupo Vázquez SAE y otorgó representación a seis abogados, quienes pueden actuar de manera conjunta, separada o indistinta en nombre de la firma.
El alcance de las facultades concedidas explica parte de los cuestionamientos. El mandato habilita a los profesionales a promover y contestar demandas, intervenir en procesos judiciales y administrativos, solicitar embargos e inhibiciones y gestionar sus levantamientos, además de realizar otros actos de representación. También contempla atribuciones relacionadas con litigios sobre bienes, como solicitar tasaciones, intervenir en procesos sucesorios y requerir subastas o ventas privadas en el marco de los procedimientos correspondientes.
La discusión se instaló porque la firma del poder coincidió con una serie de medidas judiciales sobre el patrimonio de Vázquez y de sociedades vinculadas al conglomerado. El 05 de noviembre, el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia ordenó su prisión preventiva y dispuso la inmovilización de sus cuentas, además de la inhibición general de enajenar y gravar bienes. Al día siguiente, las restricciones se extendieron a otras 10 empresas relacionadas con el Grupo Vázquez.
La defensa del procedimiento
Ante las consultas, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, confirmó que la escribana ingresó al Centro Nacional de Prevenidos para formalizar el documento y sostuvo que el acceso de abogados y escribanos a los establecimientos penitenciarios está contemplado en la legislación. Según explicó, la resolución judicial que dispuso la reclusión de Vázquez estableció restricciones de comunicación entre los procesados, pero no impidió que recibieran a profesionales debidamente identificados y registrados para actuaciones legales.
Nicora también señaló que el Ministerio de Justicia no tiene competencia para determinar la validez del poder ni el alcance de las facultades concedidas. Esa discusión, afirmó, corresponde al ámbito judicial. La cartera de Estado, por su parte, defendió que el trámite se ajustó al Código de Ejecución Penal y al Código Civil, y que no implicó un trato privilegiado para el empresario.
Uno de los puntos centrales para entender el caso es que la inhibición general de enajenar y gravar bienes no equivale a la pérdida de todos los derechos civiles o de representación de una persona. El Ministerio de Justicia sostiene que esa medida restringe la disposición de bienes registrables, pero no impide otorgar un mandato para que terceros actúen en su nombre en asuntos judiciales o administrativos.
También debe distinguirse la situación de Grupo Vázquez de la de ueno bank. En el caso de la entidad financiera, el BCP inició el procedimiento de resolución el 02 de noviembre, luego de constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. En ese marco, el artículo 16 de la Ley N.º 2334/03 establece el cese de las autoridades y apoderados generales de la entidad, así como la pérdida de vigencia de los poderes otorgados por el banco. Esa disposición no implica automáticamente la anulación de los poderes de todas las demás sociedades vinculadas a sus accionistas.
El comunicado del Ministerio de Justicia, por tanto, responde a los cuestionamientos surgidos por la formalización de un poder empresarial desde el establecimiento penitenciario, en un momento en que el principal accionista del Grupo Vázquez enfrenta prisión preventiva y medidas cautelares sobre su patrimonio. La legalidad del ingreso de la escribana es una cuestión distinta del alcance efectivo del mandato y de su compatibilidad con las restricciones judiciales vigentes, aspectos que deberán ser evaluados por las instancias competentes.


