El equipo fiscal que investiga la causa vinculada al expresidente Santiago Peña solicitó autorización judicial para extraer íntegramente los datos de tres teléfonos iPhone incautados durante procedimientos realizados el 08 y 10 de noviembre. La diligencia apunta a preservar información que podría aportar elementos de prueba sobre los presuntos hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación penal por el caso ueno bank avanza hacia el análisis de evidencias digitales. Siete agentes fiscales solicitaron autorización judicial para realizar la extracción integra de los datos almacenados en tres teléfonos celulares incautados durante procedimientos vinculados al expresidente de la República, Santiago Peña.
El requerimiento fue presentado por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Elena Fiore Franco, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez Rivas y Marlene González, integrantes del equipo que lleva adelante la investigación. La solicitud corresponde al requerimiento fiscal Nº 36, en el marco de la causa penal Nº 92/2026, que investiga supuestos hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Los dispositivos corresponden a tres teléfonos iPhone que fueron incautados en dos procedimientos realizados los días 8 y 10 de noviembre de 2026. El primero tuvo lugar en la sede del Regimiento Escolta Presidencial, mientras que el segundo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el condominio Jerusalén SB, en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera. Ambas intervenciones estuvieron vinculadas al expresidente Peña, según los datos divulgados por el Ministerio Público.
Extracción íntegra y preservación de evidencias
Con el pedido, los investigadores buscan obtener acceso al contenido completo de los dispositivos, extraer los datos almacenados y preservar aquellos elementos que puedan resultar relevantes para la causa penal.
La diligencia pretende incorporar información digital al conjunto de evidencias que analiza el Ministerio Público. Para ello, los fiscales solicitaron que un profesional del Departamento de Informática de la Policía Nacional sea designado para ejecutar el procedimiento técnico.
Asimismo, requirieron la entrega de una copia espejo de los datos obtenidos, un mecanismo que permite conservar una reproducción de la información extraída para su posterior análisis y resguardo.
El pedido se fundamenta en los artículos 218 y 219 del Código Procesal Penal, con el objetivo de que el acceso a los dispositivos se realice bajo autorización y control judicial, respetando las garantías constitucionales y procesales. La solicitud todavía requiere una decisión judicial para que pueda concretarse la extracción en los términos planteados por los investigadores.
El acceso a los teléfonos podría aportar información sobre comunicaciones, archivos y otros registros digitales que eventualmente tengan relación con los hechos investigados. No obstante, hasta el momento el Ministerio Público no divulgó el contenido de los dispositivos ni precisó qué información espera encontrar.
La extracción constituye una diligencia investigativa y no implica, por sí misma, que los datos incautados confirmen la existencia de los hechos punibles atribuidos o la responsabilidad de personas determinadas. El procedimiento se suma a las actuaciones desarrolladas en una de las investigaciones de mayor repercusión política y financiera vinculadas a la crisis de ueno Bank.
