En cumplimiento de instrucciones del intendente municipal, Óscar Rodríguez, el jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, Juan José Armoa, presentó este lunes 19 de mayo, al mediodía, el descargo institucional ante el Ministerio del Interior. La acción se da en el marco del pedido de intervención de la comuna capitalina formulado por la Contraloría General de la República, que señala supuestas irregularidades administrativas.
Armoa expresó que la Municipalidad reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia administrativa y la cooperación con los órganos de control del Estado. No obstante, rechazó categóricamente la solicitud de intervención, alegando que carece de base legal y vulnera principios esenciales del Estado Social de Derecho.
Fundamentos jurídicos e institucionales del rechazo
El representante legal del Municipio argumentó que el pedido de la Contraloría carece de legitimación activa según el artículo 317° de la Ley Orgánica Municipal, que regula los procedimientos de intervención para municipalidades y gobernaciones. Esta normativa específica que la intervención solo puede ser impulsada por la Junta Municipal, el Poder Ejecutivo, o en casos excepcionales, ante la acefalía del Ejecutivo municipal, y siempre con dictamen previo de la Contraloría. Por ende, este organismo no estaría habilitado a solicitar directamente una intervención, sino únicamente a emitir informes administrativos para conocimiento de autoridades competentes.
Relación con órganos de control y colaboración documental
Armoa destacó la constante colaboración institucional con la Contraloría y el Ministerio Público. Aseguró que se remitieron más de 100 tomos de documentos al Ministerio Público como parte de investigaciones relacionadas con los bonos G8 y G9. Asimismo, mencionó que el cuestionario enviado por la Contraloría fue respondido de manera oportuna y completa.
También señaló que los documentos que la Contraloría no recibió directamente se encuentran en poder de la Fiscalía de Delitos Económicos, como parte de procesos judiciales en curso. Según Armoa, esta situación demuestra el compromiso de la Municipalidad con la rendición de cuentas y el cumplimiento del marco legal vigente.
Competencia del Tribunal de Cuentas
Con base en el artículo 30° del Código de Organización Judicial, el abogado explicó que el Tribunal de Cuentas – Segunda Sala, es el órgano competente para juzgar rendiciones de cuentas de instituciones públicas. En este contexto, informó que la Municipalidad promovió un juicio contencioso-administrativo contra la resolución de la Contraloría que atribuye irregularidades. Esta resolución está siendo impugnada judicialmente.
Además, precisó que los balances de los ejercicios 2020 al 2023 fueron debidamente aprobados por la Junta Municipal, sin observaciones de la Contraloría en su momento, lo que genera un efecto preclusivo y valida su legitimidad.
Defensa institucional, autonomía municipal y respeto al debido proceso
El descargo presentado ante el Ministerio del Interior no constituye una acción política ni personal, sino una defensa jurídica e institucional de la autonomía municipal y del debido proceso. Armoa enfatizó la confianza en la independencia del Poder Judicial y el respeto al Estado Social de Derecho.
También hizo referencia a una acción de inconstitucionalidad planteada contra una ley de 2003 que habría buscado restar competencia al Tribunal de Cuentas. Dicha norma fue considerada inaplicable a la Municipalidad de Asunción, fortaleciendo la posición legal del Municipio.
Aspectos formales del procedimiento
Armoa recordó que el Ministerio del Interior solo puede remitir un pedido de intervención al Congreso si este proviene de sujetos legitimados legalmente. Dado que la Contraloría no cumple con esta condición, el pedido carecería de validez normativa. A pesar de ello, aseguró que la Municipalidad acatará cualquier decisión adoptada dentro del marco legal por el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional.
Compromiso institucional con la transparencia
Armoa concluyó reafirmando que la Municipalidad de Asunción seguirá actuando con firmeza jurídica y respeto institucional. Reiteró el compromiso de colaborar con todas las instancias competentes, aportando los elementos necesarios para validar la legalidad de su gestión.
“No se trata de eludir responsabilidades, sino de que cada órgano del Estado actúe conforme a sus competencias y se respete el debido proceso. Esa es la base del Estado de Derecho, y eso es lo que hoy venimos a defender con fundamentos jurídicos sólidos”, concluyó.
La Municipalidad reitera así su compromiso con la transparencia, la legalidad y la institucionalidad democrática, en resguardo de la administración pública municipal y del interés ciudadano.
