La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y Bancard expresan su preocupación por aspectos del proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos, advirtiendo sobre riesgos de inseguridad jurídica, afectación a la propiedad privada e impactos negativos en la inversión y la libre competencia. Ambas instituciones solicitan diálogo técnico y mayor participación en el proceso legislativo.
La Asoban expresó su profunda preocupación por las declaraciones realizadas en medios de prensa por Liana Caballero Krause, miembro titular del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), en relación con el proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos.
Asoban considera que dicha postura es atentatoria contra la propiedad privada y lamenta que los bancos que integran Bancard —instituciones que han apostado con visión y compromiso por la transformación digital del país— sean señalados como un problema. Destacó que la inversión privada ha sido clave para alcanzar e incluso superar estándares internacionales de calidad de servicio, seguridad y escalabilidad.
Las entidades bancarias llevan más de 40 años invirtiendo en tecnología e innovación, facilitando el acceso de millones de paraguayos a medios de pago modernos, seguros y eficientes. En ese contexto, preocupa que Caballero haya emitido declaraciones que, según Asoban, carecen de sustento técnico y resultan ofensivas hacia actores clave del sistema financiero, que han contribuido de manera significativa a la estabilidad del país y a la garantía de los depósitos de los ahorristas.
La asociación aclaró que no se opone a la incorporación de nuevos actores al sistema, pero sí defiende el respeto a la inversión privada y la libertad de mercado, en un entorno regulatorio justo, equitativo y libre de privilegios. En ese sentido, cuestionó la legitimidad del BCP para impulsar cambios estructurales o intervenir empresas privadas, especialmente mediante mecanismos que podrían otorgar ventajas indebidas a ciertos participantes del ecosistema.
En particular, Asoban alertó sobre el impacto negativo que podrían tener los incisos e) y q) del artículo 4 del proyecto de ley, al introducir un elevado nivel de incertidumbre jurídica y vulnerar principios constitucionales como la igualdad ante la ley. A su juicio, esto distorsionaría las condiciones de libre competencia y restringiría el crecimiento del sector privado.
Ante este escenario, solicitó a las autoridades competentes postergar el tratamiento del proyecto y abrir un espacio de diálogo técnico y transparente, que permita evaluar en profundidad las implicancias regulatorias del artículo en cuestión.
Finalmente, Asoban reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del ecosistema de pagos digitales, que ha evolucionado gracias a la inversión sostenida y la capacidad de innovación del sector bancario privado.
Comunicado de Bancard
En un comunicado emitido el 23 de junio, Bancard también manifestó preocupación por el tratamiento del proyecto de ley que regula el Sistema Nacional de Pagos.
Si bien valoró la iniciativa legislativa como un avance normativo importante para el ecosistema digital, advirtió que el artículo 4 —en sus incisos e) y q)— otorga facultades excesivamente amplias y de redacción ambigua a la autoridad de aplicación, con capacidad de intervenir la estructura organizativa de los participantes del sistema.
Entre las medidas posibles, el inciso e) permitiría exigir “separaciones estructurales” entre entidades vinculadas con base en criterios amplios como la “transparencia” o el “interés público”. Por su parte, el inciso q) contempla la posibilidad de suspender o anular decisiones de administradores, proveedores de servicios o sistemas, y adoptar otras medidas sin un marco claramente definido.
Bancard señaló que este enfoque regulatorio podría generar inseguridad jurídica, desincentivar la inversión, y promover prácticas discriminatorias. También advirtió que no fue consultada previamente sobre la inclusión de estas atribuciones en el texto del proyecto.
Por ello, solicitó respetuosamente a la Cámara de Diputados que se otorgue participación a todos los actores del sistema en el análisis del proyecto, considerando la magnitud del impacto que la normativa podría tener sobre la economía nacional y sobre los millones de paraguayos que utilizan medios digitales de pago.
