El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos distribuidos en todo el país, en respuesta al aumento de la recompensa por información que facilite su captura, fijada por Estados Unidos en US$ 50 millones.
“Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio nacional”, declaró Maduro en un mensaje televisado. Según el mandatario, las fuerzas deberán permanecer “preparadas, activadas y armadas”, y su distribución se realizará por sectores, como parte de un plan que busca consolidar la seguridad interna.
El anuncio ocurre en un contexto de presión internacional: fuentes oficiales estadounidenses indicaron que Washington desplegó 4.000 agentes, en su mayoría infantes de Marina, en aguas del Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico, reforzando la presencia con aviones, barcos y lanzamisiles, según reportes de CNN.
El aumento de la recompensa responde a recientes acciones de Estados Unidos, entre ellas la incautación de US$ 700 millones en bienes vinculados a Maduro, a quien se le relaciona con organizaciones criminales como el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles. La fiscal federal Pam Bondi señaló que Maduro constituye “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”.
Bondi indicó que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus colaboradores, casi siete toneladas directamente asociadas al mandatario, y destacó que estas redes también se utilizan para el ingreso de fentanilo a Estados Unidos, un opioide que ha generado una grave crisis de salud en ese país.
Maduro, por su parte, calificó la acción estadounidense como “patética y ridícula propaganda” y denunció la supuesta intervención de actores externos, mencionando a la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania, a la que acusó de financiar operaciones de sabotaje interno disfrazadas de actividades de izquierda.
Este despliegue marca un nuevo capítulo en la confrontación entre Venezuela y Estados Unidos, donde la presión internacional se traduce en medidas económicas y de seguridad que impactan tanto en la política interna como en la percepción del país ante inversionistas y actores económicos regionales.
