El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, entregó al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto de la Nación 2026, con un monto global de US$ 18.900 millones, cumpliendo por primera vez en siete años el límite de déficit del 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal. La entrega se realizó de forma digital, mediante código QR, como parte de la modernización de los procesos estatales.
Fernández Valdovinos destacó que este presupuesto implica un aumento de US$ 2.000 millones respecto al vigente en 2025, equivalente a un 12%, y señaló que cumple con el Plan de Convergencia Fiscal iniciado en 2023, enviando una señal de estabilidad macroeconómica para el país.
El proyecto prioriza los sectores de educación, salud, seguridad y protección social, con incrementos distribuidos tanto en la Administración Central como en entidades descentralizadas. Esto incluye mayores asignaciones para jubilaciones, el programa para adultos mayores y nuevas inversiones de la Administración Nacional de Electricidad. Además, el Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo contarán con recursos adicionales para otorgar créditos al sector productivo, mientras que las gobernaciones recibirán fondos para la alimentación escolar en el marco del programa «Hambre Cero».
En cuanto a inversión, los niveles se mantienen similares a 2025, complementándose con los recursos derivados del acuerdo con Brasil sobre Itaipu. El presupuesto destina el 62% de los ingresos tributarios al pago de salarios, por debajo del 65,2% de 2025, beneficiando especialmente a los sectores de salud, educación y seguridad, con un total de US$ 236 millones en mejoras salariales.
Asimismo, se prevé la emisión de bonos por US$ 662 millones y un incremento de US$ 25 millones para el Instituto Nacional del Cáncer, destinados a la compra de medicamentos. Respecto al transporte público, se logrará financiar los subsidios con tributos sin recurrir a endeudamiento.
El proyecto pasará ahora a un análisis exhaustivo del Congreso, que contará con una comisión bicameral y posterior tratamiento por las Cámaras de Diputados y Senadores.
