Cada tres segundos, una niña en el mundo es obligada a casarse. Así lo revelan datos de UNICEF citados en el último informe global de Plan International, El Estado Mundial de las Niñas 2025: “Déjame ser una niña, no una esposa”, que advierte que 12 millones de niñas son forzadas a un matrimonio o unión forzada cada año.
La magnitud del problema se refleja en cifras alarmantes: 650 millones de mujeres en el mundo fueron casadas siendo niñas y, de ellas, casi medio millón tenía menos de 15 años. Aunque las tasas globales han descendido levemente en la última década, la práctica persiste en regiones donde la pobreza, la desigualdad y la violencia siguen empujando a las niñas a uniones que marcan de por vida su futuro.
En Paraguay, la situación no es ajena a esta crisis. La ley aún permite el matrimonio desde los 16 años con autorización de padres o jueces. En ese sentido, Plan International Paraguay lanza la campaña “Niñas libres de matrimonio infantil y uniones forzadas” para visibilizar las consecuencias de esta práctica.
La realidad paraguaya
Según la Encuesta MICS 2016, el 16,1% de mujeres de entre 15 y 19 años reportó estar casada o en unión temprana.
Además, casi 4 de cada 10 mujeres de entre 20 y 24 años provenientes de hogares pobres se casaron o unieron antes de los 18 años, ubicando a Paraguay entre los países con mayor prevalencia de uniones tempranas asociada a la pobreza (Cepal, 2023).
“La pobreza y extrema pobreza, presión familiar, el embarazo adolescente y la falta de oportunidades en zonas rurales son algunos de los motores que mantienen vigente esta práctica. Pero el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas no representan una solución a la pobreza ni una salida para las familias. Por el contrario, son prácticas con consecuencias devastadoras; profundizan las desigualdades y exponen a niñas y adolescentes a embarazos precoces, complicaciones en su salud, y las expone a múltiples formas de violencia, incluyendo violencia física, sexual, psicológica, económica y simbólica. Asimismo, aumenta el riesgo de abandono escolar, lo que limita sus oportunidades presentes y futuras”, afirma Noelia Errecarte, representante país de Plan International Paraguay.
¿Qué dice la ley?
El Artículo 20 del Código Civil paraguayo (Ley Nº 1/92), aún establece que el matrimonio puede celebrarse a partir de los 16 años con el consentimiento de padres o tutores. Esta excepción contradice el compromiso internacional asumido por el país al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, que establece que los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias para proteger a la niñez contra todas las formas de violencia, abuso o prácticas que vulneren sus derechos. El matrimonio infantil y las uniones tempranas es considerado internacionalmente como una forma de violencia que limita el desarrollo pleno y perpetua las condiciones de pobreza y desigualdad.
Avanzar hacia la eliminación total de las excepciones legales es un paso urgente y necesario. “No se trata sólo de eliminar o modificar un artículo de ley, sino de garantizar que las niñas y adolescentes vivan libres de violencia, accedan a la educación y puedan decidir sobre su propio futuro”, señala Errecarte.
Hacia un país donde las niñas puedan ser niñas
Para enfrentar esta realidad, Plan International lanzó la campaña global “Niñas libres de matrimonio infantil y uniones forzadas”, con un objetivo claro: abrir la conversación sobre el tema, visibilizar las consecuencias de esta práctica y poner fin a las excepciones legales que la perpetúan.
“Cada niña y adolescente que logra permanecer en la escuela y crecer libre de matrimonio o uniones forzadas representa una oportunidad para el desarrollo del país. No podemos seguir perdiendo futuros en nombre de una tradición que vulnera derechos”, finaliza Errecarte.
Acerca Plan International
Es una organización independiente, humanitaria y de desarrollo que trabaja en más de 80 países para promover los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. En Paraguay, desde 1994, desarrolla proyectos comunitarios que benefician a más de 18.000 familias en los departamentos de Paraguarí, Guairá, Caaguazú, San Pedro y Central, con el objetivo de que las niñas crezcan libres de violencia, en igualdad de oportunidades y con la posibilidad de liderar su propio destino.
