La norma unifica en un solo cuerpo legal la regulación del mercado de valores paraguayo, moderniza su funcionamiento y amplía la supervisión del Banco Central. También incorpora por primera vez el financiamiento colectivo o “crowdfunding”.
El presidente de la República, Santiago Peña, firmó este viernes el decreto que promulga la nueva Ley de Mercado de Valores y Productos, una normativa que moderniza el marco jurídico del sistema financiero paraguayo al unificar siete leyes previas en un solo cuerpo normativo.
“Hoy dimos un paso muy importante para seguir fortaleciendo la economía de nuestro país. Con la promulgación de esta ley buscamos algo esencial: que haya más confianza en los mercados, más transparencia y más dinamismo económico”, expresó el mandatario al anunciar la promulgación.
Peña afirmó que la norma es “una herramienta para cuidar mejor los recursos de nuestra gente, proteger a los inversionistas y dar más seguridad a quienes apuestan por Paraguay”. Agregó que cada paso en materia económica “debe traducirse en crecimiento, estabilidad y solidez financiera” para consolidar el desarrollo del país.
Una regulación moderna y unificada
La nueva ley regula las operaciones de todas las entidades que participan directa o indirectamente en el mercado de valores y productos, incluyendo bolsas, casas de bolsa, cajas de valores, fondos patrimoniales, calificadoras de riesgo, cámaras de compensación y liquidación, sociedades securitizadoras, operadores bursátiles y asesores de inversión.
Asimismo, incorpora un marco regulatorio específico para el financiamiento colectivo o “crowdfunding”, una modalidad que permite a emprendedores y empresas acceder a capital a través de plataformas digitales, y que hasta ahora no contaba con una regulación en Paraguay.
Supervisión y fortalecimiento institucional
La norma también ratifica al Banco Central del Paraguay (BCP) como el órgano encargado de la supervisión de las actividades del mercado de valores y productos, a través de la Superintendencia de Valores.
Con esta reforma, el Gobierno busca fortalecer la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas, impulsando un entorno financiero más competitivo y alineado con las mejores prácticas internacionales.
