De no aprobarse el proyecto, el Estado deberá cubrir el déficit íntegramente con impuestos, comprometiendo la estabilidad macroeconómica del país.
La iniciativa unifica la base de cálculo sobre los últimos cinco años y establece edades mínimas de jubilación para sectores clave como docentes, policías y militares.
Técnicos del MEF advierten que, sin cambios legales, el agujero financiero del sistema se disparará drásticamente en la próxima década.
Asunción (Paraguay).- El Ministerio de Economía de Paraguay ha puesto sobre la mesa del Congreso una advertencia sin precedentes sobre el futuro de las cuentas públicas.
Tras una década donde el déficit acumulado de la Caja Fiscal alcanzó los US$ 1.683 millones, las proyecciones para el periodo 2026-2035 dibujan un escenario crítico: de no aplicarse la reforma propuesta por el Ejecutivo, la brecha negativa podría escalar hasta los US$ 9.820 millones.
Esta cifra no solo representa una amenaza para la estabilidad macroeconómica del país, sino que obligaría a un desvío masivo de recursos tributarios para cubrir el sistema previsional.
El proyecto de ley busca introducir mecanismos correctivos inmediatos para estabilizar el crecimiento del déficit y garantizar que el sistema sea financiable sin comprometer el equilibrio fiscal de la nación.
En ese contexto, recordemos que el déficit de la Caja Fiscal en 2025 ascendió a US$ 380 millones, equivalente al 0,8% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que representa aproximadamente la mitad del déficit máximo permitido por la ley de responsabilidad fiscal (LRF), fijado en 1,5%.
Consenso entre economistas
Economistas coincidieron en que el proyecto de ley presentado por el MEF son claros y contundentes, y aplaudieron que este tema sea puesto en debate en la actualidad, tras haber sido postergado durante años.
En cuanto a las disposiciones contempladas en el proyecto de reforma, se detalló que la iniciativa establece una edad mínima de acceso a la jubilación para los sectores de magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías y militares.
Además, incorpora una regla de acceso gradual para policías y militares, que va desde los 20 hasta los 35 años de servicio.
El proyecto prevé un esquema de aporte obrero-patronal del 22%, distribuido en un 19% a cargo del trabajador y un 3% del Estado.
También incorpora tablas de sustitución que incentivan una mayor permanencia laboral y mayores aportes al sistema, con tasas que inician en el 50% y pueden alcanzar hasta el 100% en el caso de policías y militares.
Asimismo, establece una base de cálculo homogénea que toma como referencia el promedio de los últimos cinco años de aportes, junto con un mecanismo uniforme de actualización de los haberes jubilatorios para todos los sectores, basado en la variación anual del salario mínimo legal vigente.
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