El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) advierte que no fue consultado y rechaza acompañar iniciativa parlamentaria. El Gobierno prioriza disciplina fiscal para preservar credibilidad y grado de inversión.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomó distancia del proyecto que busca flexibilizar el tope del déficit fiscal hasta el 2,5% del PIB, al asegurar que la propuesta no cuenta con el aval del Poder Ejecutivo. La iniciativa, impulsada desde el Congreso, implicaría un endeudamiento adicional superior a US$ 560 millones.
El ministro de Economía, Óscar Lovera, fue enfático al señalar que el Ejecutivo no participó en la gestación del proyecto y que ni siquiera fue informado previamente. “No es iniciativa del Ejecutivo y, evidentemente, no acompañamos el proyecto”, afirmó, dejando en claro la postura oficial frente a la propuesta legislativa.
El titular del MEF indicó que la institución se encuentra actualmente evaluando el desempeño fiscal y el comportamiento de la economía antes de considerar cualquier modificación en los límites de déficit. En ese sentido, sostuvo que aún no se ha analizado en profundidad el impacto que tendría un aumento de un punto porcentual en el resultado fiscal.
Lovera remarcó la necesidad de mantener una gestión responsable del endeudamiento público, especialmente en un contexto donde los recursos son limitados. Advirtió que una flexibilización sin el debido análisis podría derivar en un nuevo ciclo de endeudamiento masivo.
Si bien reconoció que, al incluir deudas acumuladas con sectores como constructoras y farmacéuticas, el déficit podría rondar el 4% del PIB (US$ 2.258,2 millones), aclaró que el objetivo del Gobierno es saldar esos compromisos de manera inmediata para evitar que ese nivel se consolide al cierre del ejercicio fiscal.
El ministro subrayó que Paraguay ha logrado construir credibilidad en sus finanzas públicas gracias al cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, lo que ha sido clave para alcanzar el grado de inversión. En ese marco, insistió en que no se debe comprometer la estabilidad económica.
En relación con la denominada “economía de guerra”, Lovera evitó confirmar su continuidad, pero enfatizó que el enfoque actual está en priorizar el gasto público y garantizar que los recursos lleguen a sectores clave como salud, seguridad y servicios básicos.
Asimismo, advirtió que recortes indiscriminados podrían afectar negativamente la calidad de los servicios públicos y el desempeño de la fuerza laboral estatal, por lo que cualquier ajuste debe ser cuidadosamente evaluado.
En paralelo, el MEF avanza en la elaboración de un plan propio de reprogramaciones presupuestarias, que sería presentado al Congreso en los próximos días, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos sin comprometer la estabilidad fiscal.
Por otro lado, el Gobierno busca acelerar el pago a proveedores, especialmente a constructoras y farmacéuticas. Lovera adelantó que el plan de pagos estará definido en breve y contemplará mecanismos como el factoraje, además del uso de recursos tributarios, en línea con las perspectivas positivas de recaudación.
El Ejecutivo estima actualmente desembolsos cercanos a US$ 40 millones mensuales y no descarta incrementarlos si se consolidan mejores ingresos fiscales en el transcurso del año.
