La definición del nuevo salario mínimo quedó finalmente en manos del Poder Ejecutivo luego de que el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) concluyera este miércoles su última sesión ordinaria sin alcanzar un acuerdo entre representantes de los trabajadores y del sector empresarial.
Las posiciones se mantuvieron inalterables durante todo el proceso de negociación. Por un lado, las centrales obreras sostuvieron su pedido de un reajuste del 20%, equivalente a aproximadamente G. 547.000, argumentando que el actual salario mínimo ya no refleja el costo real de vida y que existe una pérdida acumulada del poder adquisitivo de los trabajadores. Por otro, el sector empresarial defendió una actualización cercana al 2,4%, alrededor de G. 70.000, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) reportada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
Ante la imposibilidad de acercar posiciones, el Conasam resolvió elevar al presidente de la República, Santiago Peña, un informe técnico que incorpora ambas propuestas, junto con todos los antecedentes, análisis y estudios desarrollados durante las mesas de trabajo.
El presidente del organismo y director de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Rivas, explicó que la recomendación remitida al Ejecutivo no establece un porcentaje específico de incremento, debido a que la facultad de fijar el reajuste corresponde exclusivamente al presidente de la República.
No obstante, señaló que el informe solicita considerar una visión más amplia que la variación del IPC, incorporando además factores relacionados con la evolución real de los salarios y la pérdida de capacidad adquisitiva registrada por los trabajadores.
“Recomendamos un reajuste salarial equilibrado considerando todos los elementos que fueron objeto de estudio por parte de Conasam”, manifestó Rivas al término de la reunión.
Durante el proceso de análisis, el organismo realizó estudios técnicos y jurídicos respaldados por información del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo. Entre los antecedentes examinados se incluyeron datos sobre la evolución histórica del salario mínimo desde la década de 1990 hasta la actualidad, así como distintos indicadores vinculados al mercado laboral y al comportamiento de los ingresos de los trabajadores.
Según explicó Rivas, todas las posturas fueron incorporadas al informe final remitido al Ejecutivo. Mientras los representantes empresariales insistieron en que el reajuste debe responder exclusivamente a la inflación medida por el BCP, las organizaciones sindicales defendieron la necesidad de una recomposición más significativa que permita recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
Finalmente, Conasam optó por recomendar un ajuste “equilibrado”, teniendo en cuenta la totalidad de los elementos técnicos analizados durante el proceso.
Ahora, la atención se centra en la decisión que adoptará el presidente Santiago Peña, quien deberá definir el porcentaje definitivo de incremento antes del 30 de junio. La medida será oficializada mediante decreto presidencial y entrará en vigencia a partir del 01 de julio.
