El Senado se prepara para revisar el informe remitido por el Banco Central del Paraguay (BCP) en respuesta a cinco pedidos de información formulados por la Cámara Alta. El documento, compuesto por 31 fojas, contiene datos vinculados con entidades financieras y fue entregado al Congreso bajo advertencias expresas sobre las obligaciones de confidencialidad que alcanzan a la información protegida por el secreto bancario.
En la foto: Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores
La documentación fue remitida por el titular del BCP, Carlos Carvallo Spalding, y llegó al Legislativo en un sobre cerrado. La banca matriz señaló que las respuestas corresponden a los pedidos identificados como P.I. 109, 134, 136, 137 y 139, aprobados previamente por el Senado. Entre las entidades mencionadas en el proceso figuran ueno bank, Sudameris Bank y banco Atlas.
La discusión adquiere relevancia porque el contenido no puede ser tratado como información pública ordinaria. El BCP recordó que los datos de terceros que obran en poder de la institución están alcanzados por el deber de secreto establecido en su ley orgánica. Si bien la normativa contempla excepciones para el Congreso cuando solicita información en ejercicio de sus atribuciones, también establece que la obligación de preservar esos datos se traslada a quienes reciben la documentación.
El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, informó que la Mesa Directiva analizará el documento este viernes 09 de octubre, desde las 9:00. La revisión contará además con la participación de asesores jurídicos, con el objetivo de determinar el procedimiento que se seguirá respecto de la información que pueda ser divulgada y aquella que deba permanecer bajo reserva.
El tratamiento legislativo ocurre luego de que circularan versiones sobre una eventual intervención de entidades financieras. Frente a ese escenario, el BCP volvió a señalar que el sistema financiero paraguayo opera con normalidad y negó que exista una intervención en curso o prevista. El regulador también calificó como habitual el procedimiento de responder pedidos de información formulados por el Congreso.
Más allá de las declaraciones cruzadas, el punto de interés ahora estará en el contenido del informe y en cuánto de esa información podrá ser conocido públicamente. El Senado deberá conciliar el ejercicio de sus facultades de control con las restricciones legales que protegen información financiera de terceros.
La situación también pone nuevamente en discusión el alcance de la fiscalización parlamentaria sobre el sistema financiero. El BCP ya había explicado en anteriores oportunidades que su obligación de informar al Congreso coexiste con el deber legal de proteger datos de clientes, proveedores y otros terceros vinculados con entidades supervisadas.
Por ahora, la revisión de las 31 fojas constituye el siguiente paso formal. El contenido del documento y las decisiones de la Mesa Directiva determinarán si la información puede ser socializada en su totalidad, parcialmente o si determinados datos deberán mantenerse bajo reserva.
