El asesinato de Deisy Paola Giménez Segovia, de 22 años, volvió a poner en discusión la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres que denuncian violencia. La joven fue asesinada a tiros en Lambaré pese a que, según los antecedentes difundidos, contaba con una orden judicial de alejamiento contra su expareja. El caso reavivó los cuestionamientos sobre el seguimiento de las medidas de protección y la prevención de hechos de violencia extrema.
La Iglesia católica reclamó a las autoridades una respuesta efectiva ante las denuncias y advirtió sobre las consecuencias de las demoras y negligencias institucionales. Durante una homilía celebrada el viernes 09 de octubre en la Catedral Metropolitana de Asunción, el cardenal Adalberto Martínez pidió que las víctimas no solo encuentren valor para acudir a la Justicia, sino que también reciban protección y acompañamiento.
“Las víctimas necesitan valor para acudir a la Justicia, pero también necesitan ser escuchadas, protegidas y acompañadas. Ninguna denuncia de violencia debe quedar simplemente archivada o demorada sin una evaluación seria del riesgo y una respuesta eficaz”, expresó.
Martínez también señaló que la actuación judicial debe ser diligente, ya que las fallas en la respuesta institucional pueden dejar a las mujeres expuestas a nuevas agresiones. Su pronunciamiento se produjo durante una celebración religiosa a la que asistieron el presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos y miembros del gabinete.
El reclamo también se extendió a otros sectores de la Iglesia. En una celebración religiosa en el Santuario Nuestra Señora del Rosario de Luque, monseñor Gabriel Escobar Ayala cuestionó la actuación de las instituciones responsables de garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir hechos de violencia. El prelado reclamó una respuesta coordinada de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y sostuvo que las medidas legales deben traducirse en protección efectiva.
La dimensión del problema también se refleja en las cifras oficiales. Según datos del Ministerio Público difundidos tras el crimen, Paraguay registraba 20 víctimas de feminicidio en lo que va de 2026, con 36 hijos afectados por la muerte de sus madres, de los cuales 26 son menores de edad. En todo 2025 se contabilizaron 37 mujeres asesinadas en casos de feminicidio, que dejaron 69 hijos huérfanos.
Investigación y responsabilidades institucionales
En el ámbito judicial, Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, fue imputado por feminicidio y homicidio doloso. El juez penal de Garantías Juan Oviedo dispuso su prisión preventiva mientras avanza la investigación.
El caso también motivó un pedido de auditoría sobre la actuación del sistema judicial. El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón solicitó revisar los procedimientos relacionados con la causa, en medio de los cuestionamientos sobre la respuesta institucional ante los antecedentes de violencia denunciados por la joven.
La revisión de las actuaciones deberá permitir esclarecer cómo se gestionó la denuncia, qué seguimiento recibieron las medidas judiciales y si existieron omisiones que pudieron comprometer la seguridad de la víctima. La investigación penal sobre el asesinato y el examen de las actuaciones institucionales son procesos distintos, aunque ambos resultan relevantes para determinar responsabilidades.
El feminicidio de Deisy Paola vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de que las denuncias de violencia sean evaluadas de acuerdo con el nivel de riesgo, que las medidas de protección tengan seguimiento y que las instituciones actúen de manera coordinada. El desafío no se limita a dictar órdenes judiciales, sino a garantizar que estas se cumplan y que las mujeres en situación de peligro puedan acceder a una respuesta oportuna.
