La Administración Central ejecutó G. 46,036 billones entre enero y agosto de 2026, equivalente al 54% de su presupuesto vigente de G. 84,567 billones, según el Informe Financiero correspondiente a los primeros ocho meses del año. Esto significa que el 46% de los recursos presupuestados todavía no se había ejecutado al cierre de agosto.
La distribución del gasto refleja una fuerte concentración en obligaciones corrientes y compromisos del Estado. El 65% de la ejecución acumulada se destinó a dos rubros: servicios personales, que absorbieron el 35%, con aproximadamente G. 16 billones, y transferencias, que representaron el 30%, equivalentes a unos G. 14 billones.
En el primer rubro, los recursos se orientaron principalmente al pago de remuneraciones de docentes, personal de blanco y fuerzas públicas. Las transferencias, por su parte, financiaron programas sociales, además de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal. En conjunto, estas dos categorías concentraron casi dos tercios del gasto ejecutado durante el periodo.
Salud recibió G. 334.000 millones adicionales
Uno de los incrementos destacados en el informe corresponde al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS). Entre enero y agosto de 2026, la institución ejecutó G. 2,1 billones, frente a los G. 1,8 billones registrados en el periodo anterior, lo que representa G. 334.000 millones adicionales.
Según el documento, los recursos se destinaron al cumplimiento de compromisos pendientes con la industria farmacéutica y a garantizar el suministro permanente de insumos en los establecimientos sanitarios.
El informe destaca el aumento de los desembolsos, aunque no presenta en las cifras citadas un detalle sobre el monto total de las obligaciones pendientes con proveedores ni sobre la proporción de esas deudas que fue cancelada durante el periodo. Por lo tanto, el incremento de la ejecución, por sí solo, no permite determinar si se regularizaron todos los compromisos acumulados.
El Poder Ejecutivo concentró el 94% del gasto
Del total ejecutado por la Administración Central, el Poder Ejecutivo concentró G. 43 billones, equivalentes al 94%. El resto correspondió a otras instancias de la Administración Central.
Dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) encabezó la distribución, con el 33% de la ejecución, equivalente a G. 14 billones. De acuerdo con el informe, estos recursos se destinaron principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, las transferencias a gobiernos subnacionales y el servicio de la deuda pública con organismos multilaterales.
La participación de los demás ministerios se distribuyó de la siguiente manera:
- Ministerio de Educación y Ciencias: 17%.
- Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social: 14%.
- Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones: 10%.
- Ministerio de Desarrollo Social: 8%.
- Ministerio del Interior: 7%.
- Resto de los organismos y entidades del Poder Ejecutivo: 11%.
La distribución muestra que el MEF concentró la mayor proporción de la ejecución. Sin embargo, el peso de cada institución debe interpretarse considerando la naturaleza de sus obligaciones y los recursos que administra, ya que una parte importante del presupuesto se canaliza a través de transferencias y compromisos financieros.
El Tesoro financió el 67% del gasto
En cuanto al origen de los recursos, el Tesoro Público financió el 67% de la ejecución acumulada hasta agosto, equivalente a G. 31 billones. Esta fuente sostuvo, entre otros compromisos, programas sociales prioritarios como la Pensión Universal para Adultos Mayores y Tekoporã Mbarete, ambos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.
El informe registra desembolsos de G. 2,1 billones para la Pensión Universal para Adultos Mayores y G. 369.000 millones para Tekoporã Mbarete. Estos montos reflejan el peso de los programas sociales dentro del financiamiento público. Al mismo tiempo, la participación del Tesoro evidencia la importancia de los ingresos fiscales para sostener las obligaciones corrientes de la Administración Central.
La clasificación económica del gasto ofrece otra perspectiva sobre la distribución de los recursos. Del total ejecutado hasta agosto, el 80% correspondió a gastos corrientes, el 15% a gastos de capital y el 5% a aplicaciones financieras.
Los gastos corrientes comprenden principalmente las remuneraciones del personal estatal, las prestaciones de seguridad social, los compromisos con jubilados y pensionados y el pago de la Pensión Universal para Adultos Mayores. Los gastos de capital, por su parte, se vinculan principalmente con la formación bruta de capital fijo y los proyectos de inversión de las entidades de la Administración Central. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tuvo la mayor participación dentro de esta categoría.
Entre los proyectos viales con mayor financiamiento, el informe identifica los siguientes:
- Ampliación y duplicación de las rutas 2 y 7: G. 620.000 millones.
- Mejoramiento del tramo Cruce Centinela–Pozo Hondo: G. 362.000 millones.
- Construcción de la ruta PY12, tramo Chaco’i–General Bruguez: G. 261.000 millones.
- Habilitación y mantenimiento del tramo Pozo Colorado–Concepción: G. 176.000 millones.
En conjunto, estos cuatro proyectos acumularon G. 1,419 billones en los montos de financiamiento señalados por el documento. Finalmente, las aplicaciones financieras representaron el 5% de la ejecución y correspondieron principalmente a la amortización de la deuda externa, administrada por el MEF.
Una ejecución marcada por obligaciones corrientes
Las cifras del informe muestran que, a agosto, poco más de la mitad del presupuesto vigente de la Administración Central había sido ejecutada. La distribución estuvo dominada por los gastos corrientes, que representaron el 80% del total, mientras que los gastos de capital alcanzaron el 15%.
El documento destaca los recursos adicionales destinados a Salud, el financiamiento de programas sociales y los desembolsos para infraestructura vial. No obstante, la información presentada no permite establecer por sí sola el grado de avance físico de las obras, el volumen total de obligaciones pendientes ni si el ritmo de ejecución será suficiente para cumplir todas las metas presupuestarias al cierre del ejercicio.
La evolución de estos indicadores durante los últimos cuatro meses del año será determinante para conocer cuánto del presupuesto vigente se habrá convertido efectivamente en pagos, servicios e inversiones públicas.
