La Fiscalía imputó al expresidente de Petropar Eddie Jara por supuesto enriquecimiento ilícito y a su exesposa, Karina Otazú Fleitas, por presunto lavado de activos. La investigación detectó preliminarmente una diferencia patrimonial no justificada de más de G. 5.399 millones.
El Ministerio Público formuló imputación contra el expresidente de Petropar Eddie Ramón Jara Rojas por supuesto enriquecimiento ilícito, mientras que su exesposa, Karina Estefana Otazú Fleitas, fue imputada por presunto lavado de activos.
La causa está a cargo de la fiscal Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, y se originó a partir de una denuncia presentada por la Contraloría General de la República luego de un examen sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas del exfuncionario.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, el análisis de documentos tributarios, registros bancarios, declaraciones juradas y otras operaciones financieras permitió identificar una diferencia patrimonial no justificada de G. 5.399.450.612.
La investigación señala que, entre agosto de 2023 y marzo de 2026, Jara habría realizado depósitos y aplicaciones de dinero en efectivo por G. 5.547.396.611. Tras descontar la capacidad de ahorro estimada a partir de los ingresos declarados, la Fiscalía estableció la brecha patrimonial que sustenta la imputación.
Entre las operaciones examinadas aparecen pagos de tarjetas de crédito, cancelaciones de préstamos, adquisiciones de vehículos, movimientos entre cuentas y préstamos particulares. La Fiscalía también identificó períodos en los que las obligaciones financieras mensuales de Jara habrían superado ampliamente sus ingresos salariales como titular de Petropar.
Uno de los meses señalados en la imputación es octubre de 2025, cuando sus gastos e inversiones habrían alcanzado aproximadamente G. 570,7 millones, frente a una remuneración mensual cercana a G. 45 millones.
La investigación también analiza transferencias a terceros y operaciones con empresas vinculadas a contrataciones realizadas durante la administración del exfuncionario, como parte del rastreo destinado a determinar el origen y destino de los recursos.
En relación con Karina Otazú Fleitas, la Fiscalía sostiene que habría intervenido en la recepción, transferencia y utilización de fondos vinculados a los recursos investigados, mediante operaciones que no guardarían correspondencia con su capacidad financiera declarada.
Entre los movimientos bajo análisis figuran contratos por G. 500 millones, préstamos particulares y la adquisición de ganado, además de otras transacciones patrimoniales que forman parte de la reconstrucción financiera realizada por los investigadores.
La fiscal solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva para ambos imputados, entre ellas la presentación periódica ante el juzgado y la prohibición de salir del país. También requirió medidas cautelares sobre cuentas bancarias y vehículos con el objetivo de preservar bienes que eventualmente podrían quedar sujetos a comiso.
Jara ocupó la presidencia de Petropar en dos periodos: entre 2016 y 2018 y nuevamente desde agosto de 2023 hasta su renuncia, presentada en marzo de 2026. La investigación fiscal había comenzado ese mismo mes, luego de que la Contraloría remitiera antecedentes sobre presuntas inconsistencias en su patrimonio.
La imputación marca el inicio formal de una nueva etapa del proceso penal. Los hechos atribuidos por la Fiscalía constituyen, por el momento, una hipótesis de investigación y deberán ser acreditados durante el proceso judicial.
