El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyecta que el déficit fiscal de la Administración Central llegue al 3,2% del producto interno bruto (PIB) en 2026 y al 3,9% en 2027, antes de regresar al límite del 1,5% establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2028. La nueva trayectoria contempla la regularización de obligaciones pendientes con proveedores de medicamentos y empresas constructoras, además de recursos para mantener los servicios públicos, los programas sociales y la inversión.
Según el Informe de Finanzas Públicas 2026, al inicio de este año las obligaciones pendientes de pago estimaban en aproximadamente US$ 1.300 millones. De ese monto, cerca de US$ 1.050 millones correspondían a proveedores del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). Mientras que unos US$ 250 millones estaban vinculados con obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
El documento señala que estos compromisos acumulados, junto con la revisión de los ingresos previstos y las necesidades de financiamiento del Estado, llevaron a modificar la trayectoria fiscal que se había contemplado anteriormente. La meta es registrar y pagar las obligaciones pendientes, evitar que se acumulen nuevos atrasos y retomar gradualmente el límite de déficit previsto en la ley.
Los gastos crecieron más que los ingresos
La situación de las cuentas públicas durante el primer semestre de 2026 muestra la diferencia entre la evolución de los ingresos y la del gasto. Entre enero y junio, los ingresos totales de la Administración Central aumentaron 0,5% interanual, mientras que el gasto creció 11,7%. En ese periodo, el déficit fiscal acumulado alcanzó G. 4,69 billones, equivalente al 1,2% del PIB.
La inversión pública, por su parte, aumentó 3,3% en el primer semestre y llegó a G. 2,99 billones. El MOPC concentró el 70,5% de esa inversión, con un crecimiento de 22,6% en su ejecución, asociado a la regularización progresiva de pagos a empresas constructoras.
En 2025, la Administración Central había cerrado con un déficit fiscal equivalente al 2% del PIB, inferior al 2,5% registrado en 2024. El resultado del primer semestre de 2026 refleja, por tanto, una mayor presión sobre las cuentas públicas, en un contexto en el que los gastos aumentaron a un ritmo superior al de los ingresos.
El Presupuesto 2027 aumentará 11,2%
El proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 asciende a G. 166,3 billones, un 11,2% más que el presupuesto aprobado para 2026. El incremento contempla compromisos pendientes, continuidad de los servicios públicos, programas de protección social e inversiones.
Para la Administración Central, el proyecto prevé un déficit equivalente al 3,9% del PIB. El informe también presenta resultados para otras coberturas institucionales: 3,8% del PIB para el Gobierno General y 4,2% para el Sector Público. Estas cifras corresponden a distintos conjuntos de instituciones y no deben interpretarse como si midieran exactamente el mismo universo.
Entre los principales programas sociales incluidos en el proyecto figuran G. 3,6 billones para la pensión universal de adultos mayores, con una cobertura prevista de 406.196 beneficiarios; G. 3,2 billones para Hambre Cero, destinado a 986.194 alumnos; y G. 587.000 millones para Tekoporã Mbarete, con una meta de 200.000 familias. También se contemplan G. 65.000 millones para primera infancia, además de recursos para becas, formación docente y apoyo escolar.
El proyecto prevé asimismo un aumento de las prestaciones sociales y de los recursos destinados a bienes y servicios. En este último rubro, la asignación de la Administración Central pasa de G. 7,82 billones en el presupuesto de 2026 a G. 14,29 billones en el proyecto de 2027. El informe también contempla recursos para la inversión pública, aunque la trayectoria de mediano plazo proyecta una reducción de su participación en el PIB en 2028 antes de una recuperación gradual.
Qué ocurrirá con la deuda pública
El informe proyecta que la deuda de la Administración Central, medida como proporción del PIB, pase del 36,1% en 2025 al 31% en 2026. Según el MEF, la reducción prevista responde principalmente al efecto de la apreciación del guaraní sobre el valor de la deuda expresada en moneda extranjera.
Para 2027, la relación deuda/PIB subiría al 33,1%. Posteriormente, el escenario base prevé una disminución gradual: 32,7% en 2028 hasta llegar al 32% en 2031.
Estas cifras son proyecciones y dependen de que se cumplan los supuestos económicos y fiscales del informe. La relación entre deuda y PIB expresa cuánto representa el saldo de las obligaciones públicas respecto del tamaño de la economía; por sí sola, no indica el monto de los pagos que el Estado debe realizar en cada año.
La Caja Fiscal seguirá necesitando recursos
La Caja Fiscal, el sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, continúa siendo uno de los riesgos identificados para las cuentas públicas. En 2025 registró un déficit de aproximadamente US$ 379 millones, equivalente al 0,8% del PIB. Para 2026, el MEF proyecta un saldo negativo cercano a US$ 405 millones.
El desequilibrio se concentra principalmente en el Magisterio Nacional y las Fuerzas Públicas. Aunque la reforma previsional aprobada en marzo de 2026 modifica parámetros como los aportes y las condiciones de jubilación, el informe señala que sus efectos serán graduales y no eliminarán el déficit.
Las estimaciones actuariales del MEF calculan que, entre 2027 y 2031, el déficit anual promedio de la Caja Fiscal sería de US$ 631 millones con la reforma, frente a US$ 796 millones en un escenario sin esos cambios. La diferencia proyectada es de US$ 165 millones al año, aproximadamente un 21% menos. Aun con esa reducción, el sistema seguiría requiriendo recursos del Tesoro para cubrir la diferencia entre los aportes recibidos y las prestaciones que debe pagar.
La recaudación y el desafío de financiar al Estado
Los ingresos tributarios de la Administración Central representaron el 11,2% del PIB en 2025, según el informe. La recaudación tributaria totalizó G. 41,5 billones ese año: el 60% provino de impuestos internos y el 40% de tributos vinculados al comercio exterior. Además, los impuestos indirectos, como los que gravan el consumo, representaron el 72,7% del total, mientras que los directos aportaron el 27,3%.
El documento identifica oportunidades para ampliar los ingresos mediante mejoras en la administración tributaria, la formalización, la facturación electrónica, los controles de cumplimiento y la evaluación de los beneficios fiscales. La estrategia planteada busca fortalecer la recaudación sin depender únicamente de cambios en las tasas impositivas.
También considera la evolución de los recursos provenientes de Itaipú y Yacyretá. El informe proyecta que el mayor consumo interno de electricidad reducirá progresivamente el excedente disponible para ceder a otros países y, con ello, los ingresos relacionados con las compensaciones. La recaudación de estos recursos también está expuesta a las condiciones hidrológicas y al tipo de cambio.
Los riesgos para el escenario económico
El escenario central del MEF prevé que la economía paraguaya crezca 4,5% en 2026, después de una expansión de 6,6% en 2025. La proyección para este año supera la estimación original del PGN 2026, que era de 3,8%. Para el periodo 2027-2031, el informe contempla un crecimiento promedio anual de 4,2% y una inflación de 3,5%.
Sin embargo, el documento también analiza un escenario en el que coinciden mayores costos de financiamiento, menor demanda interna, un crecimiento más débil de los socios comerciales y una depreciación cambiaria. Bajo esas condiciones, el crecimiento económico de 2027 bajaría del 4,2% previsto en el escenario base al 2,6%.
En ese mismo escenario de riesgo, el déficit fiscal de 2028 subiría del 1,5% al 2,2% del PIB y la deuda alcanzaría el 35,3% del PIB, frente al 32,7% proyectado en el escenario base. El ejercicio muestra cómo un entorno económico menos favorable podría modificar las previsiones de ingresos, gastos y endeudamiento.
En conjunto, el informe plantea una trayectoria fiscal en la que los próximos dos años estarán marcados por la regularización de obligaciones acumuladas y mayores necesidades de financiamiento. El retorno al límite de déficit del 1,5% del PIB está previsto para 2028, mientras que la evolución de los ingresos, el gasto público, la deuda y las obligaciones previsionales seguirá condicionando las cuentas del Estado.
