Unos 859.204 hogares utilizan gas licuado de petróleo (GLP) como principal fuente para cocinar. La estrategia plantea una transición gradual hacia equipos eléctricos y de inducción, con créditos, incentivos y una revisión de la Tarifa Social de la ANDE para facilitar el cambio.
Unos 859.204 hogares paraguayos que utilizan gas licuado de petróleo (GLP) como principal fuente para cocinar podrían beneficiarse de una estrategia nacional que propone sustituir progresivamente las cocinas a gas por equipos eléctricos o de inducción. Según las estimaciones del estudio, el cambio permitiría ahorrar hasta G. 1.223.371 al año a los usuarios de la Tarifa Social de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) y hasta G. 826.980 anuales a quienes pagan la tarifa normal, en los escenarios que consideran el gas comercializado por empresas privadas.
La iniciativa busca aprovechar la generación eléctrica renovable del país, reducir la dependencia de las importaciones de GLP y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, su aplicación dependerá de la capacidad de los hogares para acceder a los equipos, de los mecanismos de financiamiento y de las condiciones de la infraestructura eléctrica.
La propuesta fue elaborada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del Viceministerio de Minas y Energía (VMME) y la Ande, con apoyo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El documento, presentado el 22 de octubre de 2026, establece un horizonte de referencia de 46 meses para desarrollar la estrategia en cuatro etapas.
El ahorro depende del precio del gas
Uno de los principales argumentos para impulsar la transición es la diferencia entre el costo de cocinar con GLP y el gasto eléctrico estimado para esa misma actividad. No obstante, el beneficio económico varía según el proveedor de gas y la tarifa eléctrica del hogar.
El estudio utiliza como referencia un precio de G. 5.990 por kilogramo para el Ñande Gas de Petropar y un promedio de G. 9.500 por kilogramo para el GLP comercializado por empresas privadas. Según el documento, el producto de Petropar representa aproximadamente el 15% del mercado, mientras que las comercializadoras privadas abastecen el 85% restante.
Con un consumo promedio estimado de 140 kilogramos de GLP al año por hogar, el gasto anual ascendería a G. 838.600 para quienes compran Ñande Gas y a G. 1.330.000 para quienes pagan el precio promedio del mercado privado.
En contraste, el costo anual estimado de la electricidad utilizada para cocinar es de G. 503.020, considerando una tarifa residencial promedio de G. 412,65 por kWh, correspondiente a los datos utilizados para 2023.
Con estas referencias, el ahorro anual con la tarifa normal sería de G. 335.580 frente al Ñande Gas y de G. 826.980 frente al gas de empresas privadas. Para los usuarios de la Tarifa Social de hasta 100 kWh mensuales, el beneficio estimado aumenta debido a los descuentos aplicados a la electricidad.
El documento señala que esta diferencia de precios es un factor determinante para promover el cambio. También advierte que el costo más bajo del Ñande Gas puede reducir el incentivo económico para sustituirlo por electricidad entre los hogares que tienen acceso a ese producto.
El costo de las cocinas, una barrera para el cambio
Aunque el ahorro potencial constituye un incentivo, la compra de un equipo nuevo representa un gasto inicial para familias que ya cuentan con una cocina funcional. Por ello, la estrategia contempla mecanismos diferenciados según los ingresos y las condiciones de cada hogar.
El estudio toma como referencia un precio de G. 1.578.000 para una cocina vitrocerámica de cuatro hornallas y de G. 1.861.000 para una cocina de inducción de cuatro hornallas.
Entre las alternativas de pago analizadas figuran el financiamiento a través de entidades financieras y comercios, los créditos blandos mediante un fondo específico, las cuotas incorporadas a la factura de la ANDE y los bonos por entregar las cocinas a gas y garrafas que serán sustituidas.
Como ejemplo, el documento estima que una cocina vitrocerámica de cuatro hornallas podría financiarse con cuotas mensuales de G. 137.268 a 12 meses, G. 93.323 a 18 meses o G. 71.369 a 24 meses, bajo una modalidad de financiamiento evaluada en el estudio. Para una cocina de inducción, las cuotas de referencia serían de G. 161.885, G. 110.060 y G. 84.168, respectivamente.
Sin embargo, el ahorro no siempre alcanza para cubrir la cuota completa. En los hogares que utilizan Ñande Gas y pagan la tarifa eléctrica normal, por ejemplo, el ahorro estimado cubriría entre el 17% y el 39% de las cuotas analizadas, dependiendo del equipo y del plazo. En cambio, para hogares que utilizan gas comercial y reciben la Tarifa Social, la cobertura podría superar el 100% en determinados escenarios de financiamiento.
Por eso, el documento considera que no existe una única solución para todos los hogares. Mientras algunos podrían acceder al cambio mediante información y facilidades de pago, otros necesitarían incentivos directos para que la sustitución resulte económicamente viable.
Una estrategia que debe diferenciar entre zonas urbanas y rurales
El diagnóstico utiliza los datos del Censo 2022 para mostrar que el uso de las tecnologías de cocción varía según el lugar de residencia. A nivel nacional, el 49% de los hogares utiliza principalmente GLP, seguido por la leña, con 23%, y la electricidad, con 20%.
La diferencia territorial es significativa: el 68% de los hogares se concentra en zonas urbanas y el 32% en áreas rurales. En las ciudades, el gas es la principal fuente para cocinar, con una participación del 62%, mientras que la electricidad alcanza el 22% y la leña, el 7%.
En el área rural, en cambio, la leña representa el 56% de las fuentes utilizadas, seguida por el gas, con 23%, y la electricidad, con 15%. El estudio también estima que el 85% de los hogares que cocinan principalmente con GLP vive en zonas urbanas.
Estos datos explican por qué la primera etapa se concentra en Gran Asunción y el departamento Central, donde existe una mayor presencia de hogares que utilizan gas y cuentan con acceso al servicio eléctrico. La estrategia prevé ampliar posteriormente la cobertura hacia segmentos de menores ingresos y otros departamentos.
El diagnóstico también identifica dos grupos con necesidades diferentes: hogares que deben comprar una cocina eléctrica y requieren incentivos económicos, y familias que ya tienen un equipo eléctrico, pero siguen utilizando GLP como combustible principal. Para este último segmento, la estrategia prioriza la información y la modificación de hábitos, sin necesidad de una nueva inversión en equipamiento.
Cambios en los hábitos de consumo
Los datos de mercado incorporados al estudio muestran señales de una mayor incorporación de tecnologías eléctricas. En 2023, las importaciones de cocinas eléctricas aumentaron 25%, mientras que las de equipos a gas disminuyeron 5%. En el mismo periodo, las ventas residenciales de GLP cayeron 1,49% y el consumo eléctrico de los hogares creció 5,9%.
Aunque estas variaciones no demuestran por sí solas una sustitución directa entre ambas tecnologías, ofrecen un panorama de los cambios en el consumo residencial que la estrategia pretende aprovechar.
Además del ahorro, el documento identifica otros posibles beneficios de las cocinas eléctricas, como la facilidad de limpieza y, en el caso de la inducción, menores tiempos de cocción. La seguridad y la comodidad también forman parte de los argumentos para promover la adopción de estos equipos.
Cuatro etapas para extender la iniciativa
La hoja de ruta establece un horizonte de referencia de 46 meses y propone avanzar de manera gradual, ajustando las acciones según los resultados de cada fase.
La primera etapa abarcará Gran Asunción y Central, con prioridad para los hogares de mayores ingresos y personas de hasta 49 años. El enfoque inicial será principalmente comunicacional, con disponibilidad de equipos y difusión de sus ventajas.
La segunda fase incorporará a otros segmentos económicos de la misma zona y requerirá mecanismos de financiamiento, acuerdos con el sector comercial e incentivos para facilitar la adquisición de cocinas.
La tercera etapa extenderá la estrategia a Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú, adaptando las medidas a las condiciones locales. La cuarta prevé ampliar la cobertura al resto del territorio nacional, con base en los aprendizajes obtenidos durante las fases anteriores.
El cronograma es referencial y podrá modificarse según la respuesta de la población y el cumplimiento de los requisitos necesarios para avanzar. Las etapas no son excluyentes: una vez iniciadas, pueden ejecutarse simultáneamente hasta el cierre del programa.
La infraestructura eléctrica y las normas técnicas
La adopción masiva de cocinas eléctricas también plantea desafíos para la red de distribución y las instalaciones internas de las viviendas. El incremento de la demanda asociado a la cocción requiere planificar inversiones y asegurar que los equipos cumplan condiciones de eficiencia y calidad.
En este sentido, la propuesta contempla fortalecer las normas técnicas, ampliar el etiquetado de eficiencia energética a las cocinas eléctricas y de inducción de cuatro hornallas y establecer requisitos obligatorios para evitar el ingreso de equipos que no cumplan los estándares mínimos.
El documento advierte que los aparatos de baja calidad podrían afectar incluso el funcionamiento de la red eléctrica. Por ello, también prevé capacitar y certificar técnicos para supervisar las instalaciones interiores, además de orientar a los usuarios sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías.
La estrategia incorpora 13 recomendaciones de política pública, entre ellas impulsar la iniciativa como política de Estado, revisar las bandas de la Tarifa Social, fortalecer las normas técnicas y planificar inversiones en distribución. También propone acciones de comunicación, capacitaciones y una disposición final adecuada para las cocinas a gas y las garrafas retiradas de circulación.
Paraguay cuenta con una matriz de generación eléctrica renovable que ofrece condiciones para promover una mayor electrificación de los usos residenciales. Sin embargo, convertir esa ventaja en ahorros efectivos requerirá que los costos de adquisición, las facilidades de pago y la infraestructura acompañen el proceso.
La propuesta busca, en definitiva, transformar esa disponibilidad energética en una alternativa para reducir los gastos de cocción y la dependencia del GLP importado. Su impacto dependerá de la implementación de los incentivos y de la capacidad de incorporar a hogares con realidades económicas y geográficas diferentes.
