La resolución de ueno bank no solo representa un episodio de tensión para el sistema financiero, sino que también deja al descubierto debilidades en los mecanismos de supervisión, genera riesgos para la cadena de pagos y abre interrogantes sobre la recuperación de los fondos públicos y previsionales.
Así lo advierte un análisis elaborado por el equipo de Economía de Mentu, que examina las causas de la intervención, sus consecuencias económicas y los desafíos institucionales que enfrentará el país en el escenario posterior a Santiago Peña.
El informe, titulado “La caída de ueno bank: aspectos relevantes e implicancias a tener en cuenta en la toma de decisiones”, reconstruye los acontecimientos que desembocaron en la resolución de la entidad financiera y señala que el deterioro de su solvencia estuvo relacionado principalmente con los ajustes por riesgo crediticio.
Entre los factores identificados aparecen la exposición a empresas vinculadas por encima de los límites prudenciales, el deterioro de la liquidez, el déficit de previsiones y el registro de gastos informáticos como activos sin respaldo suficiente. Estos elementos terminaron afectando el patrimonio efectivo de la entidad y su capacidad para cumplir los requerimientos regulatorios.
Uno de los datos más relevantes del análisis es el ajuste de G. 1,62 billones en previsiones, derivado de la reclasificación de deudores. Como consecuencia, el indicador de solvencia de ueno Bank cayó del 13,85% en junio al 5,56% en septiembre de 2026, por debajo incluso del umbral del 6% señalado en el documento y lejos del mínimo regulatorio del 12%.
El informe ubica entre los antecedentes de la resolución los reportes sobre operaciones con empresas vinculadas registrados desde junio de 2026 y el pedido de informes del Senado al Banco Central del Paraguay (BCP) en septiembre. Posteriormente, el 2 de noviembre, el Directorio del BCP resolvió la intervención y, un día después, la medida fue comunicada al público.
La garantía de depósitos y el alcance de la resolución
En cuanto a las medidas adoptadas para contener los efectos de la crisis, Mentu destaca la modificación de la normativa mediante la Ley N.º 7745/26, que adelantó el acceso a los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
La normativa permite anticipar hasta 40 salarios mínimos, equivalentes a aproximadamente G. 122 millones por depositante, netos de deudas vencidas. La cobertura total alcanza los 75 salarios mínimos, es decir, G. 228,3 millones, con una estimación de cobertura cercana al 97% de los depositantes.
El documento también recoge el plazo previsto para los pagos: hasta cinco días hábiles como máximo, mediante transferencia o efectivo, una vez iniciado el procedimiento correspondiente. Quedan excluidos los vinculados y las cuentas sujetas a medidas judiciales o administrativas.
Mentu subraya que el procedimiento corresponde a una resolución ordenada y no a una liquidación judicial. Entre las etapas previstas menciona la intervención, la elaboración del balance de exclusión —con un plazo de hasta 15 días, prorrogable— y el traspaso de activos y pasivos.
Asimismo, recoge las medidas relacionadas con los títulos de ueno Bank, cuya valoración se establece en cero, y los rescates graduales de fondos de inversión a partir del 05 de noviembre, conforme a las disposiciones regulatorias citadas en el informe.
El impacto trasciende al sistema bancario
Uno de los principales riesgos identificados por Mentu está relacionado con la interrupción de operaciones y sus efectos sobre la actividad económica. El análisis sostiene que el impacto inmediato no se concentra en la solvencia del sistema bancario en su conjunto, sino en las dificultades para acceder a fondos, realizar pagos y mantener el funcionamiento habitual de las operaciones.
La entidad había canalizado más de 20 millones de operaciones a través del Sistema de Pagos del Paraguay (SPI), por lo que su resolución puede generar demoras en el cobro de salarios, pagos a proveedores y transferencias.
El consumo también aparece entre los sectores expuestos. El documento cita datos de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (ASIMCOPAR), que reportó una caída del 35% en las ventas de multitiendas durante la primera jornada de contingencia bancaria.
Otro punto de preocupación es la exposición de los fondos públicos y previsionales. Según las cifras presentadas por Mentu, existen US$ 299 millones en caja y certificados de depósito de IPS, cuyos activos invertidos en ueno presentan incertidumbre respecto a su recuperación, considerando el alcance del Fondo de Garantía de Depósitos.
A esto se suman aproximadamente US$ 600 millones correspondientes a otras cajas de jubilaciones y fondos públicos, cuyos depósitos tampoco estarían cubiertos por el FGD, de acuerdo con el análisis.
La eventual falta de restitución de estos recursos podría generar consecuencias que van más allá del sistema financiero. Mentu advierte que las cajas jubilatorias podrían necesitar ajustes paramétricos en el mediano plazo si no se recuperan los depósitos comprometidos.
Debilidades institucionales y presión sobre las finanzas públicas
El análisis también amplía la discusión hacia el funcionamiento de los organismos de control y la situación fiscal del Estado paraguayo.
En el ámbito financiero, señala que existieron observaciones previas sobre créditos vinculados, dudas acerca de la capacidad de pago de determinados deudores y cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas correctivas. Para Mentu, estos antecedentes evidencian debilidades en la regulación, la supervisión y la gobernanza.
Pero el documento advierte que la discusión institucional no debe limitarse al sistema financiero. También plantea la necesidad de mayor transparencia en la política fiscal, al considerar que el déficit fiscal no refleja por sí solo todas las presiones que enfrentan las finanzas públicas.
Los atrasos del Estado con sus proveedores también generan dificultades para el sistema financiero, mientras que un eventual recálculo del déficit podría condicionar las inversiones futuras en sectores considerados prioritarios.
Menor consumo, crédito más selectivo y presión cambiaria
Respecto a las perspectivas económicas, Mentu anticipa una moderación del consumo durante los próximos meses, como consecuencia de las dificultades en la cadena de pagos, la mayor cautela de los consumidores y el deterioro de la confianza.
En el sistema financiero, el escenario esperado apunta a una mayor selectividad en el otorgamiento de créditos, controles más estrictos y análisis más rigurosos de las solicitudes. Si bien estas medidas podrían fortalecer la evaluación de riesgos, también implicarían mayores costos para las instituciones financieras.
En materia de riesgo país, el informe advierte que el episodio golpea la credibilidad y podría encarecer la prima de riesgo y el financiamiento. Cita además una referencia a JP Morgan sobre el posible aumento del costo de financiamiento, en un contexto en el que los inversores demandarían menor incertidumbre política para comprometer capital.
El tipo de cambio constituye otro foco de atención. Mentu proyecta una volatilidad elevada, con tendencia al alza, y señala que el encarecimiento de los combustibles podría trasladarse a los precios internos y ejercer presión adicional sobre la inflación.
Los desafíos de gobernabilidad después de Peña
Finalmente, el análisis dedica un apartado a las condiciones necesarias para sostener la gobernabilidad en el escenario posterior a Santiago Peña.
Entre las prioridades identifica la necesidad de proponer integrantes del Directorio del BCP con reconocida honorabilidad y solvencia profesional, además de fortalecer la credibilidad de las instituciones financieras.
También plantea que el Presupuesto General de la Nación, todavía pendiente de aprobación al momento de elaboración del informe, deberá coordinarse con el Congreso y orientarse a la consolidación fiscal durante la etapa final del Gobierno.
La restitución de los fondos previsionales aparece como otro asunto central de la agenda pública, junto con la designación de un ministro de Economía y Finanzas con experiencia para conducir el presupuesto y gestionar la recuperación de los recursos comprometidos.
En definitiva, para Mentu, la caída de ueno Bank excede el ámbito de una entidad financiera particular. Sus consecuencias alcanzan la confianza, el consumo, las inversiones, las finanzas públicas y la credibilidad institucional, en un escenario político que exige decisiones sobre supervisión, transparencia y recuperación de recursos.
