La crisis de ueno bank comienza a presionar sobre las decisiones presupuestarias del gobierno, que anunció una reasignación de G. 620.000 millones del Presupuesto General de la Nación (PGN) para reforzar tres áreas: medicamentos e insumos sanitarios, infraestructura pública y educación. Sin embargo, el impacto fiscal que podría generar la resolución de la entidad financiera todavía no está cuantificado y permanece sujeto a la recuperación de los recursos comprometidos.
El ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, informó que la cartera identificó gastos operativos de distintas instituciones públicas que serán redireccionados hacia sectores. La modificación fue presentada ante la Cámara de Diputados y contempla recursos que originalmente estaban destinados a pasajes, viáticos, catering, reparaciones de edificios, inversiones institucionales y remuneraciones extraordinarias, entre otros conceptos.
Del total reasignado, G. 400.000 millones se destinarán al Ministerio de Salud Pública para la adquisición de medicamentos e insumos; G. 150.000 millones irán al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), para obras de infraestructura; mientras que los G. 70.000 millones restantes se distribuirán al sistema educativo, principalmente para atender el crecimiento vegetativo de docentes y sostener la gratuidad en las instituciones educativas.
Lovera explicó que G. 600.000 millones corresponden al trabajo realizado por el Ministerio de Economía, mientras que otros G. 20.000 millones fueron incorporados posteriormente a pedido del presidente Pedro Alliana, mediante recortes adicionales vinculados al funcionamiento del avión presidencial y los gastos reservados de la Presidencia.
El ministro sostuvo que la diferencia respecto de anteriores medidas de racionalización presupuestaria es que, en esta oportunidad, los recursos ya no permanecerán simplemente contenidos dentro de las instituciones, sino que serán descontados de sus presupuestos y asignados a otros sectores. No obstante, la reasignación también vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de la composición del gasto público y la disponibilidad de recursos para atender las obligaciones del Estado en un escenario de mayores necesidades de financiamiento.
Todavía no hay cálculo del impacto de ueno sobre el déficit
Uno de los principales interrogantes planteados durante la conferencia fue cuánto podría costarle al Estado la resolución de ueno bank y qué efecto tendría sobre las cuentas fiscales del próximo año. Al respecto, Lovera reconoció que el MEF todavía no dispone de información suficiente para establecer si la crisis tendrá un impacto concreto sobre el déficit fiscal del 2026 o 2027.
El ministro señaló que el gobierno deberá esperar a que el Banco Central del Paraguay (BCP) concluya el balance de exclusión de la entidad, proceso que permitirá conocer con mayor precisión la composición de sus activos y pasivos y determinar qué recursos pueden ser transferidos a otras instituciones financieras.
La primera alternativa consiste en ceder activos y pasivos a otras entidades del sistema bancario. Si ese mecanismo no permite resolver la situación, deberán analizarse otras vías, incluida la cobertura mediante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), conforme a los límites establecidos en la normativa.
La incertidumbre se produce en un momento en que las proyecciones fiscales ya contemplan un déficit del 3,9% del PIB para el año 2027, según las cifras mencionadas. Por ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas no puede precisar si las obligaciones derivadas de la resolución bancaria elevarán esa estimación.
US$ en riesgo: el Estado busca recuperar fondos de la Caja Fiscal
Otro de los puntos sensibles abordados por el Ministro Lovera durante la conferencia estuvo relacionado con las inversiones de la Caja Fiscal en ueno bank. Ante las consultas sobre la responsabilidad del MEF, en la selección de la entidad financiera y las garantías para recuperar esos recursos, Lovera explicó cómo funcionó el proceso de evaluación.
Según detalles brindados por el Ministro, el Comité de Inversiones del Ministerio de Economía fue conformado ya en el año 2013 y las condiciones para colocar recursos de la Caja Fiscal en entidades financieras quedaron establecidas en el año 2019. Entre los requisitos figura que los bancos locales deben contar con una calificación mínima AA, además de cumplir otros seis parámetros de evaluación, cinco de ellos vinculados a indicadores financieros.
El ministro indicó que, cuando se tomó la decisión de inversión en julio de 2025, ueno bank contaba con una calificación AA otorgada por calificadoras nacionales y cumplía con los parámetros establecidos en el manual vigente. La operación contemplaba una disponibilidad de inversión de G. 1 billón y recibió ofertas de diez bancos. De acuerdo con Lovera, ueno presentó la mejor tasa para el monto, total, finalmente obtuvo solamente el 25% de los recursos, debido a la decisión de diversificar las colocaciones.
El 40% fue destinado al Banco Nacional de Fomento (BNF), el 25% a Basa y el 10% restante a Banco Atlas. Las cuatro entidades presentaron tasas superiores al 12%, con diferencias reducidas entre las ofertas, según explicó. Lovera sostuvo que la decisión se tomó con base en la información disponible en ese momento y que el Ministerio no contaba con elementos que permitieran desconfiar de las calificaciones financieras ni de los datos públicos sobre la entidad.
Sin embargo, reconoció que la situación actual apunta a que la información utilizada para evaluar al banco no reflejaba su verdadera condición financiera. Por ese motivo, afirmó que el Ministerio ya avanzó con una denuncia relacionada con los fondos comprometidos.
La cartera económica esperará los resultados del balance de exclusión que, según lo anunciado, estaría disponible hacia finales de noviembre. A partir de ese documento podrá determinar qué alternativas existen para recuperar los recursos pertenecientes a los aportantes de la Caja Fiscal.
El ministro aclaró que, por el momento, no existe una necesidad inmediata de disponer de esos fondos, debido a que se encuentran colocados a plazo. También precisó que las inversiones de la Caja Fiscal en el sistema financiero ascienden a G. 3,1 billones, por lo que los recursos comprometidos en ueno representan aproximadamente el 8% de ese total.
La reforma de la Caja Fiscal vuelve a quedar pendiente
La situación de ueno bank se suma a otro problema estructural de las finanzas públicas: el déficit creciente de la Caja Fiscal y la necesidad de revisar su sostenibilidad. Consultado sobre la posibilidad de presentar nuevamente una reforma previsional, Lovera reconoció que el proyecto aprobado anteriormente tuvo un alcance menor al inicialmente planteado por el Poder Ejecutivo.
Según explicó, la propuesta original apuntaba a contener en un 60% el crecimiento del déficit proyectado a mediano y largo plazo. Sin embargo, tras las modificaciones introducidas durante el tratamiento legislativo, la capacidad de contención se redujo al 21%.
El ministro señaló que el Gobierno está revisando los parámetros que podrían ajustarse en el futuro, aunque consideró que todavía no es el momento de presentar un nuevo proyecto de reforma. La discusión, por tanto, queda pendiente pese a las advertencias sobre el crecimiento de las obligaciones previsionales.
Fitch enciende una señal de alerta sobre Paraguay
Durante la conferencia, Lovera también se refirió a la decisión de Fitch Ratings de colocar la calificación soberana de Paraguay en vigilancia negativa, retirar la perspectiva positiva y mantener la nota BB+.
El ministro consideró que se trata de una reacción ante la resolución de una entidad bancaria de gran tamaño y sostuvo que la calificadora continúa reconociendo los fundamentos macroeconómicos del país, entre ellos el crecimiento económico, las reservas internacionales y la inflación controlada.
No obstante, el punto central de la evaluación será determinar si las consecuencias de la crisis quedan circunscritas a ueno bank o terminan trasladándose al resto del sistema financiero y a la economía. Lovera coincidió con la evaluación de Fitch respecto a que, por el momento, no se observan efectos de contagio en las demás entidades financieras. Sin embargo, reconoció que la recuperación de la confianza en las instituciones será uno de los desafíos posteriores a la crisis.
En ese sentido, admitió que la credibilidad del Banco Central sufrió un deterioro y que será necesario trabajar en su restitución mediante ajustes y reformas institucionales.
El ministro también destacó que el pago anticipado del Fondo de Garantía de Depósitos permitió alcanzar a más de 1,8 millones de ahorristas, equivalentes aproximadamente al 93% de los depósitos. Mientras tanto, el BCP continúa con el proceso de resolución y la elaboración del balance de exclusión.
Sin nuevos impuestos, pero con revisión de beneficios tributarios
Otro aspecto abordado fue la posibilidad de modificar impuestos para incrementar los ingresos del Estado. Lovera descartó que el gobierno esté considerando aumentar la tasa general del impuesto al valor agregado (IVA) o crear nuevos tributos.
En cambio, señaló que el Ministerio trabaja con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en una revisión del sistema vigente, particularmente de los gastos tributarios, que comprenden exoneraciones, tratamientos especiales y tasas diferenciadas. La intención, según explicó, es optimizar la recaudación de los impuestos existentes y revisar los beneficios fiscales, sin modificar las tasas generales.
La combinación de una crisis bancaria todavía sin costo fiscal definido, inversiones públicas comprometidas, un déficit previsional creciente y una mayor presión sobre las necesidades de financiamiento coloca a las cuentas del Estado ante varios frentes de incertidumbre. La reasignación presupuestaria anunciada permitirá redireccionar recursos hacia determinadas áreas, pero no resuelve por sí misma los problemas estructurales ni despeja cuánto deberá asumir finalmente el sector público por la resolución de ueno bank.
