El Ministerio Público sostiene que el exmandatario habría encabezado una organización integrada por autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), que presuntamente actuó para evitar la intervención de Ueno Bank, pese a las alertas sobre su situación financiera.
La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el presunto liderazgo de una estructura organizada dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del Grupo Vázquez y ueno bank. Según el acta de imputación, los investigados “habrían conformado una estructura organizada y jerárquica inserta dentro del propio aparato estatal”, con el propósito de subordinar el sistema financiero y los organismos de control a intereses particulares.
De acuerdo con el documento, “desde la Presidencia de la República Santiago Peña Palacios habría actuado como jefe de la estructura”. La Fiscalía sostiene que el exmandatario habría mantenido reuniones clandestinas periódicas con Federico Vázquez en Mburuvicha Róga para coordinar las necesidades del conglomerado. También le atribuye presuntas contraprestaciones ilícitas, entre ellas “US$ 200.000 en efectivo en sobres dentro de la residencia oficial”.
Una estructura con funciones definidas
La investigación señala que cada integrante habría cumplido un papel específico. Según la Fiscalía, Carvallo, desde la presidencia del BCP, habría paralizado mecanismos de regularización y ocultado información técnica sobre la insolvencia del banco, mientras que Holger Insfrán, desde la Superintendencia de Bancos, habría validado operaciones cuestionadas y omitido sanciones.
Respecto a los miembros del directorio Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Ángel Mora, el Ministerio Público sostiene que “habrían operado como un bloque de pasividad con relación a las irregularidades de ueno bank”, pese a conocer los indicadores de deterioro financiero.
La imputación también describe una presunta alteración del informe remitido al Senado en octubre, mediante la supresión de advertencias técnicas sobre operaciones financieras vinculadas a la entidad.
El impacto sobre los depósitos
Según la Fiscalía, la actuación coordinada de los investigados “habría impedido la intervención técnica de la entidad entre junio y octubre de 2026”, permitiendo que Ueno Bank continuara captando depósitos mediante campañas comerciales con reintegros del 50%, pese a las alertas de insolvencia.
El documento señala que, al 30 de septiembre, el banco mantenía aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones en fondos públicos y previsionales. Para el Ministerio Público, la demora en adoptar medidas regulatorias habría incrementado las obligaciones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
Las conductas atribuidas a los involucrados forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser determinadas durante el proceso judicial.
