Aldo Javier Rodríguez González, director de la unidad jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional durante la tarde del domingo 15 de noviembre, luego de que el Ministerio Público ordenara su detención por presuntas irregularidades relacionadas con la elaboración y modificación de documentos oficiales sobre la situación financiera de ueno bank, en el marco de la investigación penal tras las irregularidades cometidas por las autoridades de la entidad bancaria.
La presentación se realizó en la Comisaría 7.ª Metropolitana de Asunción, donde Rodríguez González manifestó su intención de ponerse a disposición de la Justicia. Tras constatar que contaba con una orden de detención vigente, los agentes policiales procedieron a entregarlo al personal del Departamento contra el Crimen Organizado, bajo la responsabilidad del oficial inspector David Riveros.
El procedimiento fue comunicado a la agente fiscal Verónica Valdez, integrante del equipo que lleva adelante la investigación. La orden de detención fue emitida en el marco de la causa penal N° 92/2026, que investiga presuntos hechos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falos, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
El caso se centra, entre otros aspectos, en la presunta modificación sustancial de un informe técnico elaborado por la Superintendencia de Bancos y remitido a la Cámara de Senadores en octubre de 2026.
Según la hipótesis del Ministerio Público, Rodríguez González habría intervenido en las modificaciones de ese documento, que supuestamente omitieron información relevante sobre la situación financiera de ueno bank y las advertencias relacionadas con una operación de transferencia de cartera crediticia a la firma Vinanzas S.A., por un monto aproximado de US$ 74,4 millones.
La Fiscalía sostiene que el funcionario habría actuado coordinadamente con otras autoridades del BCP y participado en la elaboración y validación de documentación que presuntamente contenía información falsa. Estas actuaciones forman parte de las líneas de investigación sobre el manejo de información institucional y los mecanismos de supervisión aplicados a la entidad bancaria.
Uno de los puntos centrales de la causa es determinar si la información remitida al Congreso permitió dimensionar correctamente la situación financiera de ueno bank y si las eventuales omisiones o modificaciones incidieron en el control parlamentario y en la adopción de medidas por parte de los organismos competentes.
La entidad bancaria ingresó en proceso de resolución el 03 de noviembre, luego de que el BCP detectara que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo legal exigido. La investigación también contempla la posible exposición de recursos del Fondo de Garantía de Depósitos y de fondos públicos y previsionales colocados en la entidad.
