El Poder Ejecutivo propone crear un mecanismo de administración temporal para las empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de ueno bank, en medio de las investigaciones fiscales por presunta asociación criminal y lavado de activos. La iniciativa contempla un consejo de supervisión con participación de cinco instituciones del Estado y una vigencia de hasta ocho meses, con el objetivo de mantener operativas las compañías y controlar eventuales ventas o transferencias de activos.
La propuesta del gobierno apunta a establecer un régimen excepcional para administrar las empresas vinculadas al Grupo Vázquez que no estén directamente alcanzadas por las investigaciones judiciales relacionadas con el caso ueno. El planteamiento contempla la creación de un consejo supervisor temporal que tendrá intervención en las decisiones relevantes sobre los activos y el funcionamiento de esas sociedades.
El asesor jurídico de la presidencia, Eduardo González, explicó que la iniciativa fue abordada inicialmente en una reunión entre autoridades del Ejecutivo y representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). El proyecto busca establecer un marco normativo que permita administrar las compañías hasta que se concrete su venta o, eventualmente, un proceso de quiebra.
Según González, tras las investigaciones preliminares, la causa fue ampliada para incluir presuntos hechos de asociación criminal y posible lavado de activos. En ese contexto, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) interviene en la administración de los bienes e inmuebles vinculados a la acusación.
Sin embargo, el funcionario señaló que existirían otras empresas relacionadas con el grupo que no estarían comprendidas en esa calificación y que, por tanto, podrían continuar operando. Para estos casos, el Ejecutivo plantea una figura de administrador temporal, cuya designación estaría contemplada en una ley con vigencia de hasta ocho meses.
El consejo de supervisión estaría integrado por representantes de la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Ministerio de Trabajo y el Banco Central del Paraguay (BCP).
Entre las atribuciones previstas figura la revisión de las decisiones relacionadas con los activos de las empresas. El administrador designado tendría facultades para revocar los poderes vigentes de quienes actualmente gestionan las sociedades, mientras que cualquier traspaso o venta de bienes requeriría la revisión del consejo supervisor.
El Ejecutivo sostiene que el mecanismo permitiría evitar transferencias de activos sin autorización y preservar los puestos de trabajo de compañías que no estarían directamente vinculadas al cese de operaciones de ueno bank ni a los hechos investigados por la Fiscalía.
No obstante, la propuesta todavía debe avanzar en el ámbito legislativo. Su alcance dependerá de la delimitación de las empresas comprendidas, las facultades que finalmente se otorguen al administrador y los mecanismos de control sobre las operaciones y los activos durante el periodo de intervención.
