Más de 130 gremios, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil impulsan cinco medidas de ajuste que apuntan a reducir el gasto de la Administración Central, mejorar las compras públicas y focalizar programas sociales. La propuesta fue presentada ante más de 250 participantes y será llevada al Congreso, en un contexto de incertidumbre económica y cuestionamientos sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Gremios empresariales, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de ajuste al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 que plantea reducir en US$ 670 millones el gasto de la Administración Central y disminuir el déficit fiscal del 3,9% al 2,9% del producto interno bruto (PIB). El plan contempla cinco medidas concentradas en la contención de gastos operativos, la optimización de las compras públicas y la reasignación de programas sociales.
La iniciativa fue expuesta durante el Foro Multisectorial, realizado en el Centro de Convenciones Mariscal. El encuentro congregó a representantes de los sectores de la producción, la industria, el comercio, los servicios, las cooperativas y organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de establecer una agenda común frente al escenario fiscal y económico del país.
El presidente del Centro de Importadores, Iván Dumot, abrió la jornada, mientras que el economista Jorge Garicoche presentó el diagnóstico y las medidas elaboradas por el equipo técnico del foro. La articulación reúne a unas 130 asociaciones y gremios que buscan incidir en el debate presupuestario y llevar sus planteamientos ante el Congreso Nacional, particularmente al Senado.

Con los ajustes propuestos, el presupuesto de la Administración Central pasaría de G. 87,9 billones contemplados en el proyecto original —y G. 87,6 billones tras la adenda— a G. 83,5 billones, equivalentes a aproximadamente US$12.930 millones al tipo de cambio oficial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El diagnóstico presentado por el foro advierte un descalce entre la evolución de los ingresos y los gastos corrientes. Según las estimaciones expuestas, los ingresos corrientes crecerían 3,5%, frente a un incremento de 13,4% en los gastos corrientes. También cuestiona que la partida de otros ingresos estaría sobreestimada en unos US$840 millones.
Otro punto de preocupación es el volumen de endeudamiento previsto. La presentación señala que las emisiones de deuda superarían los US$ 2.500 millones y que una parte de esos recursos se destinaría a financiar gastos corrientes, lo que, según el análisis del foro, contravendría la denominada regla de oro de las finanzas públicas, que apunta a evitar el financiamiento de gastos corrientes mediante deuda.
Cinco medidas para reducir US$ 670 millones
La propuesta se estructura en cinco medidas, distribuidas en tres ejes. El primero apunta a contener el gasto operativo de la Administración Central, con dos acciones que, en conjunto, permitirían ahorrar US$ 167 millones.
La contención salarial y de vacancias representaría un ahorro estimado de US$ 97 millones. Entre las acciones planteadas figuran congelar las vacancias en cargos administrativos, cancelar contratos que respondan a criterios de afinidad política o parentesco y suspender nuevas contrataciones administrativas. Se contemplan excepciones para reposiciones en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como límites al crecimiento del personal de blanco en el Ministerio de Salud. La propuesta también incluye reducir bonificaciones extraordinarias.
La segunda medida de este eje consiste en racionalizar gastos administrativos no esenciales, con un ahorro calculado en US$ 70 millones. El planteamiento contempla reducir gastos en viáticos, viajes y catering, además de establecer un sistema de control electrónico, abierto y público para los vales de combustible asignados a vehículos del Estado. También propone limitar la publicidad estatal a medios oficiales.

Durante la presentación, los representantes remarcaron que el objetivo no es únicamente reducir partidas, sino mejorar la trazabilidad y el control sobre el destino de los recursos. En particular, señalaron la necesidad de verificar que los cupos de combustible y otros gastos operativos se utilicen efectivamente para los fines institucionales previstos.
El segundo eje se concentra en las compras públicas. En este ámbito, el foro propone centralizar la adquisición de medicamentos mediante la integración de la demanda del Ministerio de Salud, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Hospital de Clínicas y las sanidades Militar y Policial. La medida incorporaría mecanismos de trazabilidad de inventarios y tendría un potencial de ahorro estimado en US$ 220 millones.
La propuesta busca reducir costos mediante una planificación conjunta de las compras y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La centralización también apunta a evitar duplicaciones y mejorar el seguimiento de los medicamentos adquiridos y distribuidos por las distintas instituciones.
El tercer eje plantea una reasignación y focalización de programas sociales, con dos medidas que sumarían US$ 283 millones de ahorro estimado.
En el caso de Hambre Cero, el foro calcula que una revisión de la cobertura y del tipo de asistencia permitiría ahorrar US$ 210 millones. La propuesta establece mantener la cobertura completa durante los 180 días del calendario escolar en los sectores de mayor pobreza, correspondientes a los quintiles 1 y 2 del mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE), con desayuno, almuerzo y colación.
Para los distritos ubicados en el quintil 3 se plantea una cobertura focalizada, mientras que en zonas urbanas más consolidadas se propone sustituir el esquema por un complemento nutricional. La intención es adecuar el tipo de asistencia a las condiciones socioeconómicas de cada territorio y concentrar los recursos de mayor intensidad en los sectores con necesidades más elevadas.
La quinta medida apunta a depurar el padrón de beneficiarios del programa de adultos mayores, con un ahorro estimado de US$ 73 millones. El mecanismo propuesto consiste en realizar cruces automáticos mensuales de información con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), el IPS, Registros Públicos y cajas privadas.
El objetivo es identificar y excluir del padrón a personas fallecidas o beneficiarios que registren ingresos formales, inmuebles comerciales o vehículos. Según los datos expuestos durante el foro, cada punto porcentual de error en el padrón representa un costo cercano a US$ 7 millones anuales.

Gremios piden profundizar los recortes y avanzar en reformas
Tras la exposición técnica, representantes de distintos sectores respaldaron la necesidad de revisar el gasto público y plantearon que los ajustes presupuestarios deben formar parte de una agenda más amplia de reformas. Participaron Daniel Prieto, de la Asociación Rural del Paraguay; Alfred Fast, de la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod); Marité Rasmussen, en representación de la sociedad civil, y Héctor Cristaldo, de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).
Durante el intercambio, los referentes señalaron que las reducciones efectuadas por la Cámara de Diputados constituyen un punto de partida, pero no resultan suficientes para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. También observaron que parte de los recortes fue reasignada al Ministerio de Salud, lo que modificó la estimación del déficit de 3,9% a 3,8%, sin representar un ahorro estructural equivalente para el Estado.
La postura del foro es que los ajustes deben profundizarse y traducirse en una reducción efectiva del gasto. Los representantes sostuvieron que la discusión no debería comenzar por un eventual aumento de impuestos, sino por una revisión de la estructura estatal, los gastos administrativos, los mecanismos de contratación y la eficiencia de la gestión pública.
En ese sentido, adelantaron que el presupuesto constituye la prioridad inmediata, pero que la reforma del Estado será parte de una agenda de mediano plazo. También plantearon un mayor control ciudadano sobre la ejecución presupuestaria, con seguimiento de cuánto se gasta, dónde se destinan los recursos y qué resultados se obtienen.
La crisis de ueno añade incertidumbre al escenario económico
El debate presupuestario se desarrolla, además, en un contexto de incertidumbre por los efectos de la resolución de ueno bank sobre empresas, ahorristas y consumidores. Los representantes del sector privado señalaron que todavía no existe una estimación definitiva del impacto económico, debido a que las consecuencias sobre la liquidez y el consumo continúan evolucionando.
Durante la conferencia se mencionaron casos de empresas que registran caídas de entre 20% y 30% en sus ventas, aunque con diferencias según el sector. La preocupación se concentra especialmente en las micro y pequeñas empresas, por su peso en el consumo y en la generación de empleo.

Los participantes advirtieron que las restricciones de acceso a depósitos y la incertidumbre sobre el sistema financiero pueden afectar la capacidad de los negocios para abastecerse, pagar salarios y cumplir con sus compromisos. La situación resulta particularmente delicada ante la proximidad de noviembre y diciembre, meses de mayor movimiento comercial y en los que muchas empresas realizan inversiones para atender la demanda de fin de año.
En ese escenario, los gremios consideran que la contención del gasto público debe acompañarse de medidas que contribuyan a recuperar la confianza y reactivar la actividad económica. También expresaron preocupación por el deterioro de la credibilidad institucional y señalaron que la respuesta a la crisis debe incluir el cumplimiento de la ley y la determinación de responsabilidades.
Propuesta llegará al Senado
El Foro Multisectorial anunció que llevará sus planteamientos al Congreso Nacional y buscará participar de las instancias de debate del Senado. Los representantes indicaron que mantuvieron conversaciones con el Poder Ejecutivo, que propuso conformar un gabinete técnico público-privado, aunque el decreto correspondiente todavía no fue emitido.
Ante los plazos del tratamiento legislativo, señalaron que tomarán contacto directamente con los senadores para presentar las medidas y buscar acuerdos sobre los ajustes posibles. El bloque manifestó su disposición a dialogar sobre alternativas complementarias, pero remarcó que su objetivo central es reducir el gasto en un punto porcentual del PIB.
La propuesta abre un nuevo frente de discusión sobre la composición del PGN 2027: no solo cuánto debe gastar el Estado, sino también qué partidas deben priorizarse, cómo se administran los recursos y qué mecanismos pueden garantizar que los ajustes se traduzcan en una mejora efectiva de las cuentas públicas.
